Diputados del Frente Progresista de Izquierda (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) anunciaron que presentarán un paquete de reformas en materia de seguridad, entre éstas una modificación constitucional para instituir una fiscalía general de la nación, como ente autónomo del Poder Ejecutivo, en sustitución de la Procuraduría General de la República (PGR), y crear fiscalías generales en los estados.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, legisladores resaltaron que el procurador de la República no puede reducirse a ser un empleado del Ejecutivo, sino instituirse como una figura autónoma, que efectivamente defienda los intereses de la sociedad y no judicialice la política.

También presentarán iniciativas para nuevos códigos penal federal y federal de procedimientos penales, así como derogar la figura del arraigo, entre otros.

La vicepresidenta de la Cámara, Aleida Alavez (PRD), insistió en que debe corregirse la estrategia en materia de seguridad, porque la ola de violencia, con los asesinatos de personas en varios estados y de dos diputados del PRI, es una clara muestra del estado de descomposición de la política de justicia.

A pesar de las estrategias del gobierno federal y las de los estados, amplió, la impunidad aún es alta, y por ello se considera un paquete de reformas para dar una nueva visión a la política anticrimen, que no se base en la lógica del derecho penal del enemigo, y que permita recuperar la fuerza de las instituciones.

Entre las iniciativas que los diputados presentarán a partir de esta semana está la de una ley sobre desapariciones, que separe las forzadas de las que cometen los delincuentes; otra, para regular el uso de las fuerzas armadas en labores policiacas de prevención y persecución de delitos.

También, reabrir el debate sobre la reforma pendiente para suprimir el fuero militar en casos de que soldados cometan delitos contra la población, para que puedan ser juzgados por tribunaales civiles.

El diputado Ricardo Mejía (Movimiento Ciudadano) resaltó que la militarización de la estrategia de seguridad pública emprendida por el gobierno de Felipe Calderón “no ha sido la solución, más allá de los ‘golpes espectaculares’ contra la delincuencia”.