En el periodo 2010-11, entre 2 y 3 por ciento de la población mexicana mayor de 18 años (entre 780 mil y 2 millones 340 mil personas) se vio obligada a abandonar sus comunidades de origen debido a la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, señalaron especialistas en el tema.

En México el desplazamiento interno de personas se ha intensificado por la violencia generalizada ocasionada por la estrategia federal de seguridad en su lucha contra el crimen organizado.

Fidel López, consultor de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y coordinador de la mesa de desplazamiento interno del Instituto Mora, afirmó que quienes tienen que dejar sus lugares de origen enfrentan condiciones de penuria extrema y diversas violaciones a sus derechos fundamentales, como la pérdida de su patrimonio, cultura y lengua (en el caso de comunidades indígenas); falta de empleo; escasez en el acceso a servicios básicos, como salud, educación, alimentación y vivienda, y problemas económicos.

La población más vulnerable es víctima de esta situación y se encuentra entre dos fuegos (el del crimen organizado y el de las fuerzas federales), por lo que se ve obligada a huir de sus territorios y dejar atrás su poco o mucho patrimonio, renunciando a sus raíces para salvaguardar su seguridad.

Ante la incapacidad que ha demostrado el gobierno federal para atender el problema, paradójicamente se expone a los desplazados a ser cooptados por el crimen organizado, detalló durante el foro Desplazamiento interno forzado; ¿crisis humanitaria en México?, impulsado por #YoSoy132 y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Subrayó que este problema es invisibilizado por los gobiernos federal, estatales y municipales, por lo que no se puede avanzar en políticas públicas para resolverlo.

La falta de reconocimiento del fenómeno y la ausencia de un marco normativo y la carencia de políticas públicas generan escenarios de desplazamiento interno prolongado, indicó. Ello quedó demostrado, dijo, con el conflicto zapatista en Chiapas, del que se estima aún existen 20 mil desplazados, a 18 años del levantamiento.

Ricardo Reynoso, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló la necesidad de crear un registro nacional de desplazados que se relacione con el de víctimas del crimen organizado, para poder construir un diagnóstico cuantitativo e identificar al sujeto social.

Lamentó que el tema aún no sea abordado sistemáticamente, incluso desde la academia, pues merece un tratamiento más exhaustivo, ya que, por ejemplo, hay comunidades de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y Guerrero donde los niveles de violencia son permanentes; son los principales sitios expulsores de desplazados.

José Alberto Vera, académico de la Universidad Iberoamericana, afirmó que diversos análisis muestran que entre dos y tres por ciento de los mayores de 18 años se encuentran en esta situación.

En el foro se presentaron dos testimonios de personas que han sido víctimas de desplazamiento interno forzado. Julián Méndez, representante de 17 comunidades originarias de Ocosingo, Chiapas, refirió que son desplazados desde marzo de 1994 debido al conflicto armado en el estado.

Estar en esta situación representa la separación de las familias, migración ante la falta de oportunidades, alcoholismo, pérdida de nuestros animales y patrimonio y, en algunos casos, hasta la presencia de enfermedades crónicas y trastornos mentales. A 18 años estamos perdiendo nuestra cultura y nuestra lengua originaria, aseguró.

Víctor Castillo, originario del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, detalló cómo se logró la autonomía de esa cabecera, pero debido a los conflictos armados con otros grupos de triquis se vio en la necesidad de abandonar su tierra. Indicó que la lucha de su pueblo por su autonomía ha generado una respuesta del gobierno estatal y agresiones que han dejado, de 2006 a la fecha, más de 35 asesinados.