Con larga trayectoria como jurista, el consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) Sergio García Ramírez sostiene que el perfeccionamiento de la democracia mexicana obedece más a una lógica de madurez que a mayores reformas legales. Sin embargo, admite la necesidad de revisar los rubros de fiscalización y compatibilizar los plazos entre la revisión de gastos de campaña y la calificación de la elección presidencial.

–¿Sería viable insertar el rebase del tope de gastos de campaña como una causa de nulidad de la elección?

–No sé si llegaría tan allá. Debería tomarse en cuenta la magnitud. La ley tiene definidas las causales. Hay que ser muy cuidadosos, porque cada nueva causal tiene que ser muy sólida, pues su aplicación cimbra la vida política. Entonces, cuidado con aumentar causales innecesariamente.

Nuestro desarrollo democrático ha sido largo, penoso y difícil. No solamente hemos tenido que reformar leyes, sino también madurar democráticamente. Junto a la ley debe haber una vocación democrática que tiene que empatarse. No pongamos en riesgo lo muchísimo que ha ganado el país, lo cual no quiere decir que no se analice y sea una causal cuando la magnitud del problema sea tal que deba realmente tomarse en cuenta.

Entrevistado sobre la secuela del proceso electoral, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aborda otro de los puntos críticos de la pasada elección: la compra del sufragio.

“Todos sabemos que hay formas de ‘motivar’ el voto, y puede ocurrir que haya ofrecimiento de dinero por un voto, pero hay que probarlo”, apunta. Empero, señala, no pueden reducirse de forma simplista las motivaciones para ejercerlo.

Los ciudadanos votan por muchos factores, y en algún caso puede ser la compra mercenaria del voto, y cuando se tenga la sospecha, probémoslo y lleguemos a la última consecuencia, expresa.

El problema no puede solucionarse confiriendo al IFE la facultad de valorar los sufragios, de determinar cuándo la motivación del votante fue deleznable y, por tanto, no debe computarse.

“No puede el instituto sustituir la voluntad ciudadana, porque eso es llegar al autoritarismo, y el IFE no está llamado a hacerlo, sino a favorecer la democracia.

–Hay quien plantea que debe reformarse el catálogo de delitos electorales.

–Tengo serias dudas sobre ello, quizá porque he sido penalista toda mi vida. Conozco el sistema penal y sé cuál es su eficacia. El sistema penal no puede curar todo, hay que usarlo con mesura. Los tipos penales actuales son suficientes.

“Una vez que se define otro tipo penal, hay que aplicarlo. Yo no soy partidario de gobernar con el Código Penal en la mano, de organizar elecciones y resolver los problemas de insatisfacción social con el Código Penal. No digo que haya que suprimirlo, pero hay que usarlo en casos extremos y no convertirlo en la herramienta de gobierno. Eso no es dable en una sociedad democrática. En su caso, pasaría lo que sucede con el secuestro, donde se han endurecido penas y, ¿qué ha pasado? Nada.

La Fepade y todo el Ministerio Público deberían ser organismos autónomos, expresa Sergio García Ramírez, consejero del IFEFoto Cristina Rodríguez

–La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha sido muy cuestionada. ¿Habría que darle mayores facultades?

–Es un brazo del Ministerio Público (MP) con cierta autonomía y atribuciones específicas. ¿Qué otras facultades darle?

Debería ser autónoma, pero no por ser la Fepade, sino la autonomía que se ha demandado al MP en general. Todo el Ministerio Pública debería ser un órgano autónomo, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el IFE. Habría que avanzar en una reforma constitucional, pero va más allá de lo electoral.

Incorporado una vez iniciado el proceso electoral, García Ramírez asume que el instituto actuó con responsabilidad y prudencia.

Hubo una mejoría sustancial respecto de 2006; era de esperarse porque la elección se organizó con la sombra de ese año y el IFE se preparó para no repetir la experiencia, afirma.

Admite que surgieron nuevos temas polémicos, como la calificación presidencial desfasada de la fiscalización de los gastos de campaña.

Seguramente hay muchas cosas que revisar, como esa extraña situación que hace que los procesos de investigación se resuelvan cuando ha concluido la elección. Tal vez no sea congruente, pero es algo que deben revisar los legisladores, no el IFE ni el tribunal electoral, que simplemente tenemos que cumplirlo.

No obstante, señala que ante las demandas de modificar los plazos, el instituto estaba prácticamente sin margen de maniobra, aunque se le acusa de actuar con legalismo o con letrismo. No, ni legalismo ni letrismo, sino con sujección a la ley. No podíamos generar soluciones discrecionales, empezando a modificar los plazos. Estaríamos torturando la ley y sustituyéndola por nuestras decisiones, lo que me parece peligroso, porque los plazos son previsiones del legislador y garantía de las partes.

Se redujo hasta donde fue posible, pero no se podía desaparecer, subraya García Ramírez, quien reconoce que el problema del desfase de fiscalización y calificación presidencial existe y es un tema para la reforma electoral. Desde el IFE lo podemos señalar, lo podemos padecer, pero por ahora ese es el marco legal. Los legisladores deben haberse sensibilizado del problema y determinarán qué hacer.