No nos engañemos. La iniciativa preferente de reforma laboral presentada por el presidente Felipe Calderón ha sido elaborada al margen de los trabajadores y en contra de ellos. Ha sido concebida por los promotores del modelo económico neoliberal, que ha dejado como saldo el aumento desproporcionado de la desigualdad y la pobreza en México, y es impulsada por el sector que más se beneficia del control político y de la concentración del ingreso, la riqueza y el poder en nuestro país: los dueños del capital.

Al inaugurar el 37 congreso nacional ordinario del Sindicato Nacional de Telefonistas, el líder del gremio, Francisco Hernández Juárez, apuntó lo anterior y sostuvo que queda claro que los intereses que promueven esta reforma retrógrada, podrán imponerla si el sector laboral no se organiza y actúa de manera conjunta y unitaria, como un solo frente para impedirla.

En el acto, diversos sindicatos, como el de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, los maestros democráticos y pilotos, entre otros, alertaron que los verdaderos propósitos de la iniciativa son la flexibilización salvaje y agresiva de las condiciones laborales del país, y que de aprobarse el proyecto se acabará con el empleo estable en el país, los trabajadores tendrían que conformarse con perder derechos fundamentales, como el de huelga y el de libre sindicalización.

El también dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) planteó que la iniciativa que promueve el presidente Calderón está claramente diseñada para incrementar los controles corporativos sobre el mundo del trabajo, para precarizar los salarios, vulnerar los derechos de los trabajadores y legalizar prácticas socialmente depredadoras y pauperizadoras, como la subcontratación, destruir la estabilidad en el empleo, la bilateralidad obrero-patronal y para vulnerar la contratación colectiva auténtica.

Expuso que la UNT ha insistido desde hace varios años en que incluso estarían dispuestos a discutir una iniciativa que se oriente a mejorar los salarios y la competitividad en el país. Sin embargo, el propósito de la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo al Congreso no busca, en forma alguna, la democratización del mundo del trabajo, sino alentar al sindicalismo de protección patronal para controlar y limitar cada vez más la organización de los trabajadores, y legalizar con ello la simulación de la negociación obrero-patronal y sus relaciones, mediante figuras como la subcontratación.

En el mismo acto, el director general de Telmex, Héctor Slim Seade, expuso que esta empresa y el sindicato estudian la posibilidad de poner en marcha un nuevo esquema de jubilaciones, a fin de que los trabajadores que lleguen a la edad en la que pueden pensionarse tengan la opción de permanecer cuatro años más en la empresa reduciendo sus días laborales. Dijo que serían aproximadamente 3 mil empleados los que podrían entrar en este mecanismo, que tiene por finalidad que la nómina se estabilice y no signifique un gran peso financiero para el corporativo.