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Participan en sesión plenaria los dos consejeros impugnados por el presidente del STJE

Anulan designaciones en la Judicatura de Jalisco
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 20 de septiembre de 2012, p. 32

Guadalajara, Jal., 19 de septiembre. El Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) ordenó dejar sin efecto la designación de las comisiones que forman el Consejo de la Judicatura y revisar la asignación de 40 plazas de primer nivel aprobadas en junio por el presidente de ese órgano, Celso Rodríguez González.

Entre los nombramientos a revisar figuran los de directores, jefes de unidad y relatores, quienes el 29 de junio las obtuvieron con los votos de Rodríguez González –también presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE)– y de los consejeros Cristina Castillo Gutiérrez y Jaime Gómez, únicos presentes en la sesión.

Este miércoles, en una nueva sesión a la cual acudieron todos los integrantes del Consejo de la Judicatura, se acató la orden del TAE, lo que implicará una serie de reacomodos en ese órgano del Poder Judicial.

En la sesión participaron Alfonso Partida Caballero y María Carmela Chávez Galindo, cuyo nombramiento de consejeros por el Congreso del Estado motivó una controversia promovida por Rodríguez González, la cual les había impedido asumir el cargo.

Partida Caballero está relacionado con el grupo político del ex rector de la Universidad de Guadalajara Raúl Padilla López, mientras a Chávez Galindo se le vincula con el Partido Acción Nacional.

Ambos fueron electos consejeros por la mayoría de los diputados en junio, pero tras la impugnación de Rodríguez González apenas hoy pudieron acudir a la sesión, la primera que se realiza con todos los consejeros desde el 26 de septiembre de 2011. Asimismo se aprobó designar presidentes de comisiones para la siguiente reunión plenaria.

En diciembre terminará el periodo de Rodríguez González al frente del STJE, lo que ha incrementado la pugna por sucederlo.

Por separado, el gobernador Emilio González Márquez calificó de absurda la petición de los dos sindicatos de la Judicatura de un aumento salarial de emergencia para pagar impuestos pendientes.