ace unos días, Arturo Alcalde explicó que la aprobación de la iniciativa de reforma laboral que presentó el presidente Felipe Calderón significaría la muerte del sindicalismo independiente en México. La razón es muy simple pues, según sus palabras, se cancelarían las dos pequeñas rendijas que tienen los trabajadores para tener un contrato colectivo propio: los emplazamientos a huelga por firma de contrato y el juicio de titularidad. En rigor, si durante años la ofensiva de la derecha liberal se concentró en la abolición de los monopolios en nombre de la libertad sindical, hoy está más claro que nunca que el verdadero objetivo de la iniciativa es la supresión de la resistencia de los trabajadores para favorecer un proyecto patronal, es decir, eliminar el espíritu de la ley legado por la Constitución para sustituirlo por otra normativa que, so pretexto de cancelar algunas fórmulas del viejo corporativismo, subordina a las organizaciones sindicales a bailar al son que les toquen los capitalistas. Eso es lo que está en juego.

Lejos de democratizarse, lo que se impuso en los tiempos recientes fue la conversión de las organizaciones sociales en un aberrante sindicalismo de protección, auspiciado por la autoridad correspondiente. La degradación del sindicalismo dejó a los trabajadores indefensos frente a la corrupción. Sólo unos cuantos sindicatos mantuvieron en alto las banderas de la dignidad. Paradójicamente, mientras se pugnaba por la democracia política, el sindicalismo se vio reducido a su mínima expresión, como si su presencia fuera inútil. La propia izquierda hizo a un lado la militancia sindical, como si la renovación tropezara con la necesidad de la democracia.

La derecha se propuso liquidar al sindicato para convertirlo en una especie de agencia de empleos al servicio de la patronal, aun si para ello debía promulgar una ley nueva, sin resabios solidarios o cooperativos, centrada en el individualismo como divisa. Hoy, al calor de la crisis internacional, es patente que la pretensión reformadora de la patronal mexicana se limita a reciclar las viejas consejas que buscan disminuir los derechos laborales, no obstante la crisis del empleo que azota a nuestra juventud.

Calderón quiso cubrirse de gloria cumpliendo con la promesa que le hizo a los empresarios en materia laboral, pero a la hora de acelerar el paso la iniciativa preferente se ha topado con un obstáculo real: la oposición de algunos sindicatos priístas a convalidar algunas propuestas, entre ellas las que se refieren, por ejemplo, al establecimiento de un sistema de rendición de cuentas que haría públicos los ingresos provenientes de las cuotas sindicales.

En los próximos días veremos hasta qué punto las correcciones pueden cambiar el sentido de la propuesta, si hay o no voluntad de preservar la Constitución, cuya vigencia está en riesgo.

Para la izquierda es vital volver a reflexionar sobre el papel de los sindicatos y, en general, sobre la significación de un movimiento de masas organizado a partir de sus intereses legales e históricos. Más que atraer al seno de sus propias organizaciones, lo que falta para darle a la aspiración democrática es la representación real de las mayorías, la construcción de alternativas permanentes guiadas por una visión del país conforme a sus grandes necesidades.

PD. Dedico este recuerdo a Santiago Carrillo, figura incuestionable de la vida política española