El PRI en la Cámara de Diputados afirmó ayer que no aprobará íntegra la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) enviada al Congreso por el presidente Felipe Calderón, porque la mayor parte atenta contra los derechos de los trabajadores e interfiere en la vida interna de los sindicatos. Se avalarán sólo los puntos que no violen las disposiciones del artículo 123 de la Constitución, expuso.

El coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, expresó ayer, en entrevista, que buena parte de los conceptos de la iniciativa presidencial riñen con el artículo 123 constitucional y habremos de adecuar la iniciativa, en el dictamen, a la Constitución.

Asimismo, en la reunión vespertina celebrada este miércoles, la comisión especial del Trabajo y Previsión Social –que tiene de plazo el próximo martes para presentar un proyecto de dictamen– se limitó a discutir si el trámite que utilizó Calderón para enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados con carácter de preferente fue legal.

Esto, a partir de un debate que inició por la mañana en la junta directiva de la comisión, donde legisladores del PRD sostuvieron que existe un problema de legalidad, porque se estaría violando el segundo artículo transitorio de la reforma al artículo 71 constitucional, que dispone un año de plazo para que el Congreso expida la legislación secundaria para hacer cumplir ese apartado.

Se está gestando un madruguete para asestarle una puñalada en la espalda a los trabajadores, advirtió el diputado Martí Batres Guadarrama (PRD).

Resaltó que al aceptar a trámite la iniciativa presidencial, la Cámara de Diputados asumió la presión del Ejecutivo para aprobar una reforma que, dijo, sólo beneficia a los empresarios.

Durante la reunión, realizada en la zona C de Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, Batres argumentó que al no existir la ley reglamentaria se generó una situación de ilegalidad, que la Junta de Coordinación Política buscó subsanar con un acuerdo, votado la semana pasada, para determinar la ruta del debate y la eventual aprobación del dictamen.

En respuesta, Juan Bueno Torio (PAN) y Antonio Cuéllar Steffan, integrante de la telebancada, alegaron que no se requería aprobar la ley secundaria para reglamentar el artículo 71.

Cuéllar Steffan, ex jurídico de asuntos especiales de Televisa, destacó: Esto ya se ha estudiado hasta el cansancio.

–¿Quién te manda? –espetó desde el otro lado de la mesa el diputado perredista Silvano Blanco Deaquino.

–A mí no me manda nadie –contestó el diputado del PVEM.

En ese tono de discusión, la legisladora Luisa María Alcalde (Movimiento Ciudadano) insistió en rechazar la iniciativa presidencial y propuso que se convoque a foros para airear el contenido del proyecto enviado por Calderón.

Juan Bueno reviró que los diputados ya han citado a decenas de debates públicos y que en alguno, convocado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, ha participado el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani, padre de la legisladora.

Antes, en entrevista, Beltrones expuso que sí es necesaria una reforma laboral, pero que salvaguarde la constitucionalidad de lo que está descrito en la iniciativa; eso es lo que verdaderamente importa.

Por la tarde, la diputada cetemista Leticia Mendoza Curiel (PRI) anunció que este jueves el sector obrero entregará a la comisión un listado de los artículos que afectan a los trabajadores y con los que se pretende vulnerar la autonomía sindical.

Sin embargo, el diputado Blanco Deaquino advirtió que en la postura del tricolor subyace un acuerdo PRI-PAN para aprobar la reforma de Calderón. Le van a quitar lo que afecte a los sindicatos, pero van a aprobar las otras medidas que sí dañan a los trabajadores.