La simulación estuvo presente durante toda la vigencia del contrato entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y la empresa Ingeniería Costos y Servicios SA de CV, la cual se suponía que realizaría el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles del organismo, entre junio y diciembre de 2009. Por el trabajo que no se realizó se pagaron 300 millones de pesos.

En su calidad de director de Finanzas, Jesús Villalobos López firmó los oficios en los que notificaba a los diferentes centros de trabajo de las tareas a realizar por la empresa privada. Esos documentos y están en poder del órgano interno de control (OIC) del Issste, no así los comprobantes de su recepción en oficinas administrativas, unidades médicas (clínicas y hospitales), ni en el propio OIC, cuyas instalaciones fueron incluidas para el supuesto levantamiento de la información.

Por estas y otras irregularidades el OIC inició un procedimiento administrativo contra Villalobos López –quien también ocupó la dirección general del ISSSTE– y dos de sus colaboradores. En principio, el órgano fiscalizador le atribuye conductas graves por las que podría hacerse acreedor a la inhabilitación del servicio público hasta por 20 años y una multa económica.

La resolución se dará a conocer en el transcurso del próximo mes, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la cual también prevé la posibilidad de fincar responsabilidades penales.

A partir de la firma del contrato por el que el Issste sufrió un daño patrimonial por 300 millones de pesos, el instituto debía proporcionar 189 computadoras portátiles, en las cuales se cargaría la información del inventario; sin embargo, la investigación del OIC encontró que sólo 24 por ciento de ellas (45) tiene el software de la base de datos: Sistema integral de control y tráfico de activos fijos e inventarios (Sictafi-web).

El resto, 144 equipos, no tenían ningún tipo de archivo o información; es decir, no se efectuó el trabajo comprometido. Para mayor evidencia, la indagatoria abarcó la revisión de la base de datos del sistema informático y se encontró que reporta 12 agrupaciones por fecha de registro. Una de ellas, del primero de enero de 2009 –antes del contrato con Ingeniería Costos y Servicios– contenía información de casi 780 mil bienes, mientras en las 11 agrupaciones restantes se dieron de alta 28 mil bienes entre el 11 de agosto y 3 de noviembre de 2009.

Llamó la atención del OIC que estos últimos datos fueron cargados sólo por dos usuarios identificados como Sapuga y Auto. El primero corresponde al nombre de Sandra Pulido y el segundo no se identifica al usuario. Por tanto, no es posible determinar que los trabajos hayan sido realizados por la empresa contratada.

Tanto las bases de la licitación pública 00637173-005-09 como el contrato LPN-CS-DA-SRMS-070/2009 establecían de manera pormenorizada las actividades a realizar, los documentos y firmas que acreditarían la veracidad del trabajo. De todo debería existir constancia documental, pero no es así.

Sin embargo, María del Rosario de León García, quien se desempeñaba como subdirectora de Finanzas del Issste hizo constar en diferentes oficios que había recibido a entera satisfacción documentos con los que se pretendió garantizar el efectivo cumplimiento del contrato.

En su indagatoria, el OIC comprobó el incumplimiento pues, entre otros, no hay evidencia de que Ingeniería Costos y Servicios haya recibido las computadoras portátiles para alimentar la base de datos con el inventario, ni de reportes de avances de levantamiento y de supervisiones en los centros de trabajo. Tampoco se pudo acreditar la solicitud y recepción de etiquetas y placas para la identificación de los bienes registrados.

No obstante, el Issste entregó al OIC minutas de tres reuniones nacionales realizadas en Tampico, Jalisco y la ciudad de México, con las que presuntamente se cumplió con el reporte de supervisión sobre los avances del levantamiento de inventarios.

El OIC asegura que las documentales contienen múltiples anomalías y faltantes, por lo que no se acredita el cumplimiento del contrato.