Representantes de 20 naciones del continente aprobaron la creación del Centro Coordinador de las Américas contra la Delincuencia Trasnacional, mecanismo que tiene como propósito la realización de operaciones multinacionales para que se combatan delitos como trafico de drogas, de personas y de precursores químicos, entre otros.

Durante los trabajos de la Conferencia Internacional para el Establecimiento del Esquema Hemisférico de Cooperación contra la Delincuencia organizada Trasnacional, que se lleva a cabo en un hotel de la ciudad de México, muy cerca de la embajada estadunidense, procuradores y fiscales de naciones como Estados Unidos, Colombia, Guatemala y Honduras, aprobaron la iniciativa mexicana para la creación de dicho organismo.

La creación del Centro Coordinador de las Américas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional fue el acuerdo de mayor importancia alcanzado por los representantes de los gobiernos del Continente Americano, ya que éste será dado a conocer este jueves por el presidente Felipe Calderón, durante una ceremonia en el castillo de Chapultepec.

Agilizará acciones contra traficantes de drogas y personas

En ese contexto, Antonio Luigi Mazzitelli, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUD), afirmó que este mecanismo agilizará las acciones jurídicas contra quienes cometen delitos como tráfico de personas, drogas y precursores químicos, ya que “uno de los elementos que han obstaculizado las acciones gubernamentales ha sido la falta de coordinación operativa y de acciones multilaterales, como propone la Estrategia Hemisférica de la Organización de Estados Americanos.

De esta reunión saldrán productos que permitirán aportar respuestas operativas contra grupos criminales en varias naciones. Para ello, el gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo importante para dar cumplimiento a los acuerdos de la Cumbre de Cartagena y lograr la aplicación de políticas integrales de combate al crimen trasnacional, dijo Mazzitelli.

En entrevista con La Jornada, indicó que los nuevos mecanismos acordados permitirán la realización de acciones más ágiles –por ejemplo, en el caso de extradiciones de presuntos delincuentes–, de manera transparente y con beneficios para todos los participantes en las operaciones.