Ciudad Juárez, Chih., 20 de septiembre. Al menos cinco empresas constructoras, coludidas con las autoridades estatales, defraudaron a cerca de 4 mil familias, a las cuales vendieron casas en El Barreal, una zona de terreno fangoso que se hunde e inunda cada vez que llueve, por lo cual tuvieron que abandonarlas.

Doce años después de que se inició la construcción de los 18 fraccionamientos de la zona, casi la mitad de las cerca de 4 mil casas de esa comunidad, ubicada en el suroriente de este municipio fronterizo, se encuentran abandonadas y han sido saqueadas. No tienen puertas, ventanas, cables de electricidad, muebles de baño ni rejas. Muchas presentan cuarteaduras.

Sin embargo, los dueños de las viviendas, quienes las adquirieron con créditos de Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), hipotecarios y bancarios, siguen endeudados. Además, no pueden adquirir otro préstamo por estar en el Buró de Crédito.

El ex gobernador y hoy senador priísta Patricio Martínez García (1998-2004) y el ex alcalde panista José Alfredo Delgado (2002-2004) aprobaron urbanizar el predio y durante sus administraciones se inició la construcción de los 18 fraccionamientos.

Autoridades ignoraron las advertencias de especialistas

Sergio Meza, coordinador del Plan Estratégico de Juárez, recordó que en ese entonces el Instituto Municipal de Investigación y Planeación realizó un estudio hidrológico de la región, y advirtió a las autoridades estatales que en esa zona no se podía construir porque el terreno era arcilloso y fangoso.

Personal de la Comisión Nacional del Agua y especialistas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, entre otras dependencias e instituciones, dictaminaron que la zona era inundable. Las advertencias fueron ignoradas.

Las empresas Condak, Viveica, Yvasa, Alianza y Homex edificaron las 18 unidades habitacionales, entre ellas Los Naranjos, Villas del Sol, Las Almeras y Los Arcos.

En este último asentamiento las inundaciones no son tan graves; sin embargo, por falta de cimentación adecuada, las casas se hunden, al igual que la mayoría de las de El Barreal, y los muros tienen grietas.

En 2010, el abogado Jorge Espinoza Cortez demandó, por la vía civil y en representación de 31 familias afectadas, a los propietarios de los terrenos. Explicó que los dueños de grandes extensiones de tierra ya no radican en Juárez.

Huyeron o se escondieron, pero fueron localizados, para ser notificados en San Diego, California; la ciudad de México y Culiacán, Sinaloa.

Uno de los demandados es el ex alcalde priísta Manuel Quevedo Reyes, quien con Bernabé Franco, Raúl García Máynez, Carlos Tarango Corona y el sindicato de la junta municipal de aguas y saneamiento es propietario del predio.

Al inicio del proceso de compraventa firmaron un convenio en el cual se comprometieron a realizar obras para controlar las inundaciones y luego vender y fraccionar El Barreal. Otro denunciado es David Arelle, propietario de la constructora Condak, quien luego de seis meses rindió declaración.

Ahora vecinos de los fraccionamientos que forman El Barreal demandan que les paguen casas, muebles, ropa y todo lo que han perdido con los anegamientos.

Martina Moreno vive en la sección 15 de Los Arcos, compuesta por 28 casas, 24 de las cuales fueron abandonadas y saqueadas. Nos quieren reubicar. El problema es que hemos pagado mucho dinero al banco y dicen que la deuda seguirá vigente.

En 2008, en Las Almeras, las lluvias provocaron inundaciones hasta de dos metros de altura. El colono Benito Ramírez relata: “Perdimos todo: muebles, documentos, ropa, vehículos, juguetes, pero no la dignidad; por eso algunos demandamos a los que vendieron los terrenos y construyeron las casas con permiso del gobierno.

“Ellos –agrega– son responsables, priístas y panistas por igual. Se enriquecieron sabiendo que aquí no se puede construir por el agua y el fango del subsuelo. Por eso se llama El Barreal.”

Para solucionar el problema las autoridades requieren invertir unos 800 millones de pesos, además de los 400 que han erogado en 10 años.

El Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial, vigente desde 1994, sugiere edificar diques, ampliar los existentes y crear en ellos sistemas para infiltrar el agua de lluvia al subsuelo, además de hacer sistemas de canalización hacia el río Bravo.