Washington, 20 de septiembre. El escándalo del contrabando de más de 2 mil armas que agentes estadunidenses dejaron pasar a México tiene precedentes que se remontan a décadas atrás, según un informe interno de más de 400 páginas que acaba de publicar el Departamento de Justicia.

El informe del inspector general publicado el miércoles, tras más de año y medio de investigaciones, muestra una turbia relación entre agencias estadunidenses como la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés) y sus equivalentes mexicanas.

La desconfianza mutua, el doble lenguaje y las presiones de altos responsables gubernamentales para atajar un problema capital aparecen a la luz en ese informe, que absuelve al fiscal general Eric Holder, pero que arroja graves dudas sobre la cúpula de altos funcionarios en el Departamento de Justicia.

El 4 de febrero de 2011 Larry Breuer, adjunto de Holder, propuso a altos funcionarios mexicanos permitir que compradores (ilegales) de armas cruzaran a México para que (la Secretaría de Seguridad Pública mexicana) y la PGR (Procuraduría General de la República) los detuviera e inculpara, explica el informe.

El Inspector general, Michael Horowitz, confirmó lo anterior a preguntas de legisladores republicanos este jueves, en una audiencia que hizo presagiar que podrían rodar más cabezas en el Departamento de Justicia.

Rápido y Furioso arrancó en octubre de 2009 como una operación de la ATF en Arizona, que permitía la compra de armas como los Ak47, fusiles preferidos de los narcotraficantes, para que cruzaran la frontera y así poder detener a los contrabandistas.

Pero más de 2 mil armas se perdieron rápidamente en México. Dos aparecieron en la escena del crimen de un agente de aduanas estadunidense, y Horowitz reconoció que un número indeterminado de mexicanos pudo haber muerto a causa de la operación, calificada de burda por Holder.

El mismo día en que Breuer hacía esa propuesta a los mexicanos, el Departamento de Justicia en Washington rechazaba las acusaciones del senador republicano Chuck Grassley, quien destapó el escándalo.

Grassley y otros legisladores tenían informantes en la ATF y acabaron por destapar la trama.

Un precedente cercano a Rápido y Furioso fue la operación Gran Receptor, que también se gestó en la oficina ATF de Arizona, entre 2006 y 2007, y que también fue interrumpida, visiblemente ante el descontrol reinante.

El predecesor de Holder, Michael Mukasey, también propuso ideas similares en su primer encuentro con altos funcionarios mexicanos, poco después de su nombramiento, en noviembre de 2007.

Pero en ese año los consejeros del procurador Mukasey le recomendaron que desechara plantear la operación a los mexicanos como una novedad, porque agentes que han trabajado para la ATF desde hace 30 años dicen que recuerdan un par de intentos de controlar entregas de armas a principios de los años 80.

Según se desprende del informe, Mukasey y Breuer iban a proponer a los mexicanos una operación de contrabando controlado de armas que en realidad ya ocurría sobre el terreno.

Breuer, como fiscal general adjunto, niega hasta la fecha que supiera de Rápido y Furioso.

La reacción de las autoridades mexicanas a todas estas maniobras tampoco parece clara, a la luz de la lectura del informe. Durante años agentes de la ATF negociaron sin mucho éxito con agentes al otro lado de la frontera para rastrear esas armas que deliberadamente dejaban cruzar.

Un jefe de la ATF planeó una inculpación formal (de un mexicano) en diciembre de 2009, pero tuvo que posponerla a causa de los retrasos para obtener información del gobierno mexicano sobre las armas recuperadas en México, explica el informe.

Creo que nuestro punto de vista era que un contrabando de armas bajo control era una técnica policial reconocida, explicó un alto funcionario entrevistado para el informe.

Con el tiempo la lucha contra el crimen organizado en México se volvió un baño de sangre con decenas de víctimas diarias a mediados del sexenio del presidente Felipe Calderón, que se termina el primero de diciembre.

Más de 60 mil personas han muerto en esa guerra contra las drogas en los últimos seis años.

Dos años después, la operación se ha saldado con un escándalo político y poco más de un centenar de armas recuperadas.

No sé cuándo (los mexicanos) fueron informados y hasta qué punto fueron informados, admitió Horowitz este jueves ante los legisladores.