a disociación de la política económica y la social ha producido un círculo vicioso, donde la primera es productora de pobres y la segunda no se da abasto para atenderlos.

En materia de política social, ningún esfuerzo tiene futuro si no se encamina a modificar las tendencias actuales que asignan gran cantidad de la riqueza a un pequeño porcentaje de la población, mientras la gran mayoría de mexicanos enfrenta pobreza, desempleo, malos ingresos, viviendas inadecuadas, insuficiente equipamiento urbano, bajos niveles de educación y crecientes deficiencias en materia de salud y alimentación.

Ante esta cruda realidad estamos obligados a evaluar los caminos seguidos en los últimos años, y encontrarlos en un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad, basado en la democracia y la participación social.

Durante los 12 años de los gobiernos panistas, la incompetencia, la corrupción y el desmantelamiento de organización comunitaria fueron los signos distintivos de la política social. Los entuertos con respecto a las cifras desiguales de los números de familias atendidas con el Programa Piso Firme se expresó durante la pasada campaña electoral: mientras la candidata Vázquez Mota presumía que al frente de la Sedeso había atendido a 3 millones de familias, el PAN informaba que en 12 años sus gobiernos habían instalado 2 millones 400 mil pisos firmes. ¿Así, o más incompetentes?

Durante estos 12 años no existió una estrategia global ni plan maestro, sino una acumulación de programas que se fueron sumando en la marcha, sin rumbo ni destino.

Los programas emblemáticos del actual sexenio fueron el Oportunidades, con el objetivo de llevarlo a 6.5 millones de familias, lograr la cobertura universal de salud mediante el Seguro Popular, crear 6 mil estancias infantiles, llevar el Programa 70 y más a todo el territorio nacional y abatir el déficit de pisos de tierra mediante el Programa Piso Firme.

Otros programas que resultaron un rotundo fracaso fueron la llamada Estrategia 100 x 100, cuyo objetivo era sacar a los 100 municipios de menor IDH de las condiciones de marginación en que se encuentran; el programa de impulso a la modernización de los artesanos indígenas (Fonart), en el cual no se dio continuidad a las iniciativas de capacitación y comercialización; el Programa Pro Árbol, donde no se lograron las metas de reforestación, creación de viveros, ni de beneficiarios de bonos de carbono; el Programa de Empleo Temporal (PET), el cual no cumplió las funciones de brindar una oportunidad productiva en las épocas de bajo empleo rural; el Paazap, programa de atención alimentaria a los habitantes de zonas marginadas, a las que ni Oportunidades llegaba, que fue un rotundo fracaso en Sedeso y en Diconsa se mantiene como de bajo perfil.

La característica de la política social del PAN fue siempre poner por delante las transferencias monetarias; mantener en un bajo nivel de participación a los gobiernos locales; minimizar la participación social en el diseño de las estrategias, la operación de los servicios y la supervisión de éstos; obsesión por ampliar los padrones de los programas a como diera lugar.

La operación de los programas sociales quedó en manos de gente inexperta, sin experiencia en el diseño y operación de programas sociales, sin la capacidad de organizar las tareas de manera que los recursos llegaran en tiempo y forma a los beneficiarios. La eficiencia en la operación a escala estatal también se vio afectada porque los delegados, subdelegados y coordinadores operativos fueron designados a los cargos por recomendaciones políticas, no por ser cuadros con experiencia y nivel profesional adecuados para llevar a cabo las tareas encomendadas.

La falta de participación ciudadana, la corrupción y la connivencia de organizaciones sociales clientelares deformó las instituciones encargadas de atender las necesidades sociales, al grado de volverlas ineficientes y burocráticas.

Una política social profunda, que se oriente no sólo al combate a la pobreza sino a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, sólo será posible a condición de que se cumplan diversos requisitos:

Que existan la voluntad política y el apoyo del más alto nivel para realizar los cambios institucionales que sean necesarios.

Que sea integral.

Que se desarrolle mediante procesos de inclusión, amplia participación y consenso de la ciudadanía, y motive la cohesión social.

Que involucre la participación, el compromiso y la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

Que tenga claridad en sus fines y se aplique y concrete mediante planes y programas factibles de evaluación, homologados en su visión y sentido.

Que contenga estrategias para enfrentar todas las dimensiones de la pobreza: económica, social, política, ambiental; combatir la inequidad y la exclusión.

Que sea permanente y trascienda el ámbito de la administración en turno.

Que incorpore reformas a la legislación, reglamentación y normatividad, que permitan consolidarla.

La integralidad de la política social parte del hecho tangible de que el combate a la pobreza es sólo un aspecto de la acción del Estado, la cual debe incidir en la modificación de la actual distribución del ingreso y, en consecuencia, en el empleo, el salario y el desarrollo regional. Por esta razón, la política social debe construirse y ejecutarse a partir de consensos, es decir, fuera de toda duda, de todo cuestionamiento que retarde o modifique su acción.