Los secretarios de Gobernación, de Seguridad Pública y la procuradora general de la República –Alejandro Poiré, Genaro García Luna y Marisela Morales, respectivamente– comparecieron en el Senado, donde defendieron sin éxito la estrategia del presidente Felipe Calderón en materia de combate al crimen organizado, ya que la gran mayoría de las fuerzas políticas aseguraron que ha sido un fracaso rotundo, porque deja al país ensangrentado, con más de 60 mil muertos y una espiral de violencia que no se ha podido frenar.

Las mayores críticas se las llevó García Luna, a quien senadores de PRI, PRD y PT reclamaron la poca eficacia de la Secretaría de Seguridad Pública, pese a que, le recalcaron, quintuplicó su número de elementos y obtuvo el mayor presupuesto de su historia en el sexenio.

Al fijar la postura de PRI, Cristina Díaz aludió a los penosos episodios en que se ha visto envuelta la Policía Federal (PF), como los casos recientes de Tres Marías y del aeropuerto capitalino.

Otro senador del tricolor, Omar Fayad, preguntó a García Luna cuántos mexicanos más deben morir para acabar con la inseguridad. Le hizo notar que en el sexenio de Calderón se han gastado 740 mil millones de pesos en la Estrategia Nacional de Seguridad y, con ese dinero, han generado pérdidas a los grupos criminales por 195 mil millones de pesos. Es decir, dijo, los criminales pierden un peso y los mexicanos gastamos cuatro. A ese ritmo ¿quién va a quebrar primero: nosotros como país o las organizaciones de la delincuencia organizada?

Ante ello, Genaro García Luna dijo que la vida de un secuestrado que se salva no tiene precio y consideró simple y lineal el planteamiento del priísta. Pasó por alto los muchos cuestionamientos en torno a la actuación de la policía a su cargo en los casos Tres Marías y el del aeropuerto, temas que le formularon también los senadores David Monreal (PT) y Pablo Escudero (PVEM).

Monreal dijo que “el caso Tres Marías ilustra fehacientemente los excesos del Estado policial o paramilitar que se instauró en estos años. Si el gobierno es capaz de confundir a sus aliados diplomáticos con delincuentes, ¿qué puede esperar la ciudadanía en las calles?.

Por su parte, Escudero puso en duda que haya coordinación entre las instituciones de seguridad cuando todo indica, expuso, que policías federales trataron de ejecutar a dos agentes estadunidenses y a un marino mexicano en Morelos.

El secretario de Seguridad Pública dejó también sin respuesta las críticas de Layda Sansores, senadora por el Movimiento Independiente, quien le pidió aclarar por qué acude a los montajes, como en el caso de la francesa Florence Cassez, y hasta represor y cobarde lo llamó.

En su intervención inicial, García Luna expuso que se han realizado 240 mil evaluaciones de control de confianza entre su personal. El senador Fayad le pidió precisar cuántos policías han sido dados de baja y si hay un seguimiento para determinar si no están trabajando ya en otra corporación o incluso están abiertamente con el crimen organizado. El funcionario no respondió.

En su turno, el secretario de Gobernación, Alejandró Poire, tampoco dio respuesta a la pregunta puntual del perredista Alejandro Encinas, quien pidió que le aclarara qué hacían cerca de un campo de entrenamiento de la Marina dos agentes de la CIA, ya que el convenio entre México y Estados Unidos es para personal de agencias que tienen que ver con el combate al crimen organizado, no con el espionaje. Poiré Romero sólo contestó que es información reservada.

El senador Manuel Bartlett (PT) aludió a una estrategia fracasada y ensangrentada, que ha cedido soberanía a Estados Unidos. Les recordó una frase de Maquiavelo, en El príncipe, sobre el riesgo de permitir fuerzas extranjeras, porque después no van a poder sacarlos.

Finalmente, Bartlett hizo notar que el gobierno federal ha permitido el lavado de dinero por medio de la banca, como en el caso Monex. Igualmente, Encinas aseguró que a rentabilidad de los cárteles de la droga creció 15 veces más que la de las empresas de Carlos Slim.

En la comparecencia para la glosa del sexto Informe de Calderón –que se prolongó cinco horas– el PAN sacó a relucir el tema de los gobernadores del PRI acusados de narcotráfico, y en voz del senador Luis García pidió a la procuradora Morales precisar si hay elementos para procesar a Tomás Yarrington y al también ex mandatario tamaulipeco Eugenio Hernández.

La procuradora dijo que hay elementos suficientes para enjuiciar a Yarrington, lo que fue posible gracias a una investigación conjunta con Estados Unidos. Sobre Hernández no precisó nada, por el sigilo de la pesquisa.

En su intervención inicial Morales dijo que la PGR ha estado sometida a un proceso de desgaste que le ha hecho perder eficacia ante las complejas realidades que se deben atender, entre otros factores, por un presupuesto limitado que este año, en que aumentó 20 por ciento, quedó en 14 millones 290 mil pesos.