La venta de acreditaciones de promotor o investigador de derechos humanos, realizada por la Confederación Mundial Pro Derechos Humanos Segura AC, podría configurar el delito de falsificación de documentos, y no cuenta con el aval de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que este organismo presentó ayer una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

El mencionado colectivo no tiene un acuerdo como tal con nosotros, sólo está registrado como organización no gubernamental, lo que de ninguna manera lo faculta para arrogarse que terceros y particulares tengan credenciales, aseveró en entrevista con La Jornada la directora jurídica de la CNDH, Leticia Escandón.

Como se informó ayer en estas páginas, la llamada Confederación Mundial Pro Derechos Humanos Segura vende a través de su página de Internet diversas identificaciones de promotor, defensor o investigador en derechos humanos, cuyos precios van desde 500 a 5 mil pesos, con la oferta de que estos documentos evitan abusos de autoridad, protegen el vehículo de quien los porta y tienen el aval de la CNDH y la Organización de Naciones Unidas.

Vamos a presentar denuncias penales, porque consideramos que se materializa el delito de falsificación de documentos, como establece el artículo 244 del Código Penal Federal, que sanciona a quien se atribuya o extienda documentos falsos con investiduras que no tienen. Hago hincapié en que la CNDH de ninguna manera faculta a nadie a realizar conductas de lucro, enfatizó.

Hay riesgo de tráfico de influencias: ONG

Por su parte, activistas de organizaciones de la sociedad civil advirtieron que estas identificaciones pueden servir para traficar influencias y usurpar funciones, y señalaron que este hecho comprueba la falta de controles eficientes para saber a qué organizaciones se invita a conformar el consejo consultivo del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, ya que la mencionada confederación participa actualmente en ese proceso.

Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, consideró que la venta de credenciales es “preocupante, porque existe la sospecha de que pueda utilizarse para el tráfico de influencias.

Con esta supuesta protección se está engañando a la gente, porque la defensa de las garantías individuales es una actividad no lucrativa, y esto no se puede permitir.

El activista lamentó que la conformación del consejo consultivo del mecanismo de protección será más difícil porque dicha instancia “sigue sujeta a relaciones de poder. El nombramiento de los ombudsman, por ejemplo, es una simulación en la mayoría de los estados, donde las decisiones se toman desde las cúpulas”.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, sostuvo que la venta de acreditaciones es un acto realizado por traficantes que incurren en el delito de usurpación de funciones, lo cual representa un peligro no solamente para los activistas y organizaciones que sí tienen un trabajo serio, sino también para las víctimas de abusos que pueden ser engañadas.

De esta manera se reafirman los argumentos relacionados con la falta de verificación de los requisitos establecidos en la convocatoria para conformar el consejo consultivo. Habrá que ver quiénes son las organizaciones que están ahí, por qué llegan con tanto ahínco y cuáles son sus intenciones, indicó.