El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) ya no quiere escándalo; por eso su titular, Manuel Pérez Cárdenas, afirma que el problema de los créditos con demasía ya se resolvió. Este hecho lo niegan los trabajadores, quienes han rechazado las alternativas que planteadas por el organismo y aseguran que, en algunos casos y sin explicación alguna, de los estados de cuenta de los deudores desapareció el concepto demasía, que correspondía al monto que el fondo les prestó de manera irregular.

Según Fovissste, el problema persiste con dos mil 500 empleados, pero otra cantidad casi igual ya aceptó convenios para liquidar, con pagos semestrales o anuales, la cantidad de dinero que recibieron de más, que no alcanzarían a cubrir con el descuento de 30 por ciento de sus salarios ni en los 24 años que tienen vigencia sus créditos.

En 2008, el fondo detectó que en ese año y varios anteriores se otorgaron cuatro mil 846 préstamos para adquisición de vivienda de manera irregular. Los comprobantes de ingresos de los trabajadores fueron alterados y eso les permitió obtener montos mayores a los que les correspondía, de 200 mil a 500 mil pesos aproximadamente.

Por dichas anomalías, el Órgano Interno de Control del Issste inició una investigación, cuyos resultados no se han dado a conocer, y el Fondo presentó demandas penales en contra de nueve de sus empleados y mil 180 servidores públicos beneficiarios de esos préstamos.

Una participación importante también tuvieron los empleados de las Sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) que tenían acceso al sistema electrónico del Fovissste, donde se ingresaron los datos incorrectos y con los cuales se generó el fraude en contra del organismo.

Pérez Cárdenas explicó que en el proceso de regularización de los créditos, alrededor de la mitad ya no están en demasía, por distintas razones. Para los trabajadores entre esas razones está que mágicamente desapareció el concepto de los estados de cuenta, lo cual no significa que el problema se haya solucionado.

Mientras tanto, alrededor de 120 personas que se mantienen en la lista de quienes tienen una deuda mayor a la que podrán pagar en los siguientes 24 años, se niegan –de acuerdo con Pérez Cárdenas– a cubrir la demasía y pretenden que se les beneficie con quitas de intereses o cancelaciones de sus deudas, lo que no se puede hacer, advirtió el funcionario.

Ahí estamos atorados, reconoció y planteó que la parte positiva es que se resolvió casi la mitad del problema. El resto se buscará solventar con información a los derechohabientes. Pérez Cárdenas aseguró que personal de Fovissste está visitando a los afiliados en sus domicilios para informarles las opciones de convenios disponibles para la regularización de su crédito.

En cuanto a las demandas penales, los jueces ya han emitido sentencias que absuelven de cualquier responsabilidad a los derechohabientes.

Algunos de los trabajadores involucrados en este problema, aseguraron que ellos no incurrieron en ninguna irregularidad. Si obtuvimos un monto superior al que nos correspondía no fue culpa nuestra, sino de los funcionarios encargados de alimentar el sistema de Fovissste. Ellos son los que deberían pagar por eso.