León, Gto., 21 de septiembre. A propuesta del PRI, el ayuntamiento aprobó entregar un bono de fin de trienio de 28 millones de pesos a 135 funcionarios de confianza del gobierno municipal panista, que no continuarán laborando en la próxima administración que presidirá la priísta Bárbara Botello Santibáñez.

La propuesta, presentada por el regidor priísta Arturo Sánchez Castellanos, fue avalada por el cabildo, a excepción del alcalde panista, Ricardo Sheffield Padilla.

El 50 por ciento del dinero que recibirán los funcionarios es con base en la Ley Federal del Trabajo y la otra mitad por una evaluación del desempeño que realizaron en el trienio.

El cabildo leonés aprobó otorgar el bono a pesar de que el gobierno panista de León dejará una deuda pública de más de mil millones de pesos, un déficit de 36 millones por el fraude de Metrofinanciera y un adeudo de 160 millones de pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Aquí no se plantea absolutamente ningún centavo por encima de lo que la ley estipula; incluso menos, porque se establece un mecanismo que calcula la liquidación de acuerdo con su antigüedad, argumentó Sánchez Castellanos.

La Dirección de Desarrollo Institucional evaluará el trabajo realizado por los burócratas que se quedarán sin empleo y si obtienen buena calificación se harán acreedores a tres meses de salario más las liquidaciones estipuladas en la Ley Federal del Trabajo.

Si trabajó de seis meses a un año, se le paga un mes de sueldo; si trabajo más de un año se le pagan dos meses; y si tiene más de 25 meses, tres meses de salario, detalló el regidor del tricolor.

El alcalde Ricardo Sheffield Padilla votó en contra de la propuesta con el argumento de que nunca ha estado en favor de los bonos de fin de trienio.

A mí no me acaba de convencer, recibí propuestas de distintas instancias, el contralor hizo una en sentido similar y no la acepté; en congruencia yo voté en contra, sostuvo al finalizar la sesión de cabildo realizada la noche del jueves.

Por su parte, el contralor priísta José Cruz Hernández Moreno, quien también tendrá derecho al bono, reconoció que el ayuntamiento no está obligado por ley a entregar liquidaciones o bonos a los funcionarios de confianza: sin embargo son libres de administrar los impuestos.