a postura de que no todas las personas que ejercen trabajo sexual son víctimas y que muchas de ellas lo ejercen por su libre voluntad, sin manejadores y sin ser parte de las redes de trata de personas, causa resquemor entre grupos feministas y organismos institucionales que tienen como finalidad su rescate.

Este 23 de septiembre se celebrará el Día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas, razón por la que la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, organización que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales y promueve la salud sexual, distribuirá más de 500 cartillas de derechos humanos entre las trabajadoras de La Merced.

Otra iniciativa de la brigada es la concientización de los periodistas que cubren la fuente del trabajo sexual, por lo que realizaron una guía para el manejo periodístico de la trata de personas, con el fin de que no se invisibilice a las trabajadoras sexuales y las reduzca a víctimas incapaces de tomar decisiones y forjarse un futuro digno, ya que eso naturaliza la estigmatización que el patriarcado ha establecido desde que se originó la familia, la propiedad privada y el Estado, en las sociedades humanas.

La guía para periodistas recomienda 12 acciones, entre ellas, un llamado a los reporteros de la fuente a incluir a las organizaciones de trabajadoras sexuales dentro de la respuesta nacional ante la trata, como activistas y fuentes calificadas, así como fortalecer su identidad ciudadana, al diferenciarlas de quienes viven situaciones de trata sexual.

Jaime Montejo y Elvira Madrid, promotores de la brigada que tiene más de 20 años de trabajar en la zona marginada de La Merced, explican que la posición de Luis González Palencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, en cuanto a que detrás de cada persona dedicada a la prostitución, hay trata de personas, y si después de la investigación se descubre que no es así, las autoridades deben asumir que no está forzada, constituye un retroceso en la defensa de los derechos humanos, pues “además de discriminar y lastimar la dignidad de las trabajadoras sexuales, se hace un llamado público a que las autoridades continúen con los operativos policiacos que se han caracterizado en el Distrito Federal, en las dos últimas jefaturas de Gobierno, para detener ilegalmente a quienes se ganan la vida ofreciendo servicios sexuales en una zona de la ciudad de la que empresas inmobiliarias y la administración pública, pretenden adueñarse para que el mejor postor obtenga ganancias millonarias”.

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