contracorriente de los autohalagos y la falta de autocrítica (que a veces suele confundirse con el cinismo) de Felipe Calderón, la condena a todo lo que él representa, lo que ha hecho y permitido, está hoy presente en el pensamiento de la gran mayoría de los mexicanos, incluyendo a los mismos panistas, pero también a los empresarios que han visto mermar sus ingresos, a los jóvenes que no pueden encontrar un empleo pero tampoco un lugar en las universidades y escuelas de educación superior, a los hombres y mujeres que han perdido a un ser querido, asesinado o desaparecido y etiquetado como delincuente, a la clase media y a todos los ciudadanos que han sufrido las consecuencias de sus políticas, su incongruencia, su demagogia e irresponsabilidad.
En las calles, en las plazas, en las pláticas familiares e incluso en las ceremonias públicas, la sensación dominante es de enojo colectivo, de un país destruido por la violencia, un territorio sin ley donde los principios y los derechos de los individuos simplemente han sido borrados. Un país en manos de la delincuencia, ahogado nn la corrupción, un lugar donde las garantías individuales no existen, donde la credibilidad en las instituciones ha sido empequeñecida, trátese de los tribunales de justicia, las fuerzas armadas, las instituciones de gobierno o de los bancos, que pueden alterar las cuentas y los destinos de los dineros que manejan, a su modo y sin autoridad que los supervise; una nación donde según la ley no existe la pena de muerte y, sin embargo, decenas de miles de mexicanos han perdido la vida víctimas de la violencia y, en muchos casos, asesinados por fuerzas de seguridad y presentados como delincuentes sin haber sido sometidos a juicio alguno.
Una sociedad donde de manera clara la justicia siempre falla no del lado de quienes les asiste la razón, sino de quien puede comprarla y está dispuesto a hacerlo; un país enfermo, cuyas riquezas son concebidas exclusivamente como botín por quienes gobiernan, en el que la corrupción constituye el elemento motor para que las cosas funcionen o se detengan y donde la impunidad constituye el factor necesario y suficiente para que todo esto ocurra.
Es cierto que muchos de estos problemas y lacras vienen de tiempo atrás, y que en cada sexenio la justicia social y la calidad de vida se deterioran más, pero esto no terminará mientras la sociedad no ponga un alto y diga hasta aquí; la Constitución nos indica con claridad cómo hacerlo, en su artículo 87, el cual he utilizado para titular mis escritos para La Jornada. Ciertamente, estos artículos han recibido buena aceptación, mas no la suficiente; por ello hago ahora este nuevo llamamiento, sabiendo que el tiempo se agota y que no podemos perder esta oportunidad para poner un hasta aquí, antes de que el periodo de la presente administración termine, pues después será demasiado tarde.
Mi propuesta es sencilla, concreta y viable: organizar de manera clara e inteligente el establecimiento de un tribunal ciudadano que escuche las denuncias contra Felipe Calderón, en un sitio público y abierto, para discutirlas y después emitir un veredicto sobre su actuación como presidente del país; de manera paralela, habrá de organizarse una consulta pública para que, una vez conocido el veredicto, la sociedad emita su sanción o rechazo del veredicto, y el resultado se haga público en México y ante la prensa internacional.
He recibido comentarios muy positivos de hombres y mujeres interesados y decididos a participar, así como de personas escépticas, que plantean que el proceso puede desvirtuarse y convertirse en mera parodia. No es mi intención perder el tiempo en algo así, se trata de responder a un mandato constitucional que claramente indica a la sociedad su obligación de demandar a un presidente cuando éste no cumpla con sus promesas y obligaciones, lo cual no se ha hecho hasta ahora; sería triste guiarnos por este tipo de pensamientos ante la realidad que estamos viviendo.
Realizar un juicio y una consulta como la aquí propuesta tiene grandes ventajas sobre otras formas de actuación y denuncia popular, ya que en este caso se persigue un objetivo perfectamente claro, requiere de acciones bien definidas y tiene una vida predefinida, todo lo cual reduce notablemente sus posibilidades de desgaste, dejando a los ciudadanos participantes un claro sentido de cumplimiento y de logro de los objetivos planteados. Por otra parte, no se trata de un juicio al ciudadano particular llamado Felipe Calderón, sino al Presidente de la República como tal y en relación con sus responsabilidades ante la nación, lo que cambia las cosas, porque al juzgar al funcionario se está emitiendo también un juicio respecto a las políticas y formas de gobierno mismas, lo cual lleva un mensaje a otros funcionarios y, de manera particular, a quienes tendrán a su cargo la próxima administración, haciéndoles difícil que continúen con una política o una forma de gobierno que saben que ha sido rechazada por la sociedad en pleno.
En este sentido, el juicio con las conclusiones contenidas en el veredicto final del jurado, sancionadas por la sociedad toda y difundidas ante los medios de comunicación nacionales y extranjeros, tendrá una fuerza que no podrá ser ignorada por el siguiente gobierno, trátese de la violencia, del uso de las fuerzas armadas, de las violaciones a las garantías y derechos ciudadanos, así como de las políticas económicas y prácticas contrarias a los intereses de la mayoría.
Hoy, a los 74 años, y después de haber participado en diversos organismos sociales, de haber coordinado el proceso de conteo de votos en el plebiscito ciudadano del DF, realizado en un ambiente de burla y descalificación por las autoridades, pero que terminó siendo aceptado por ellas, para dar lugar a las elecciones de jefe de Gobierno y de delegados políticos en la capital del país, tres años después de su realización, ante las presiones sociales que ese proceso generó; de mi participación en Alianza Cívica, que me permitió ser observador en las elecciones de 1994 y coordinar los cómputos para las dos consultas zapatistas, tengo la experiencia que me permite decir que lo que aquí propongo es totalmente realizable y puede tener efectos que superen nuestras expectativas. Por ello, invito a las nuevas organizaciones sociales, como el movimiento #132, a tomar esto en sus manos, a aprender a desarrollar proyectos de movilización ciudadana innovadores, a ganarse el respeto de la sociedad y dejar claro que el pueblo de México en su conjunto no aceptará más la corrupción y la impunidad como actitud cotidiana de quienes supuestamente tienen las responsabilidades de gobernar. Sus opiniones y comentarios son bienvenidos en mi correo.
Twitter: @ecalderonalzati
