Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), se pronunció por que el Poder Legislativo evalúe modificaciones a la ley electoral que definan si el rebase en los topes de campaña debe ser causal de nulidad de una elección.

Además, dijo, es indispensable que se perfeccione el modelo de comunicación política a fin de que los partidos tengan mayor tiempo para dar a conocer sus plataformas y propuestas; regular las candidaturas independientes, la organización de las consultas populares; innovar procedimientos vinculados al proceso de fiscalización, y generar condiciones adecuadas para el recuento de votos, entre otros aspectos.

Respecto de la demanda de juicio político que presentó la bancada del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados contra los consejeros electorales, dijo que están a disposición de los órganos legislativos para seguir el procedimiento legal.

Estamos tranquilos. Sabíamos que podía suceder y estaremos a disposición en los términos de la ley, subrayó.

Declinó opinar en torno a la demanda interpuesta por Ricardo Monreal, ex coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. No puedo opinar de un documento que no conozco; cuando me presenten el documento, podré emitir una opinión.

Al participar en la novena Semana Nacional de Transparencia se pronunció también por el establecimiento de un modelo que convierta a los partidos políticos en sujetos obligados de manera directa a la transparencia, y no a través del IFE, lo cual debe establecerse en una ley de partidos.

Somos uno de los pocos países en América Latina que no tienen una ley de partidos y pensamos muchos en el IFE que es tiempo de que el legislador empiece a trabajar en esa ley, no sólo para regular de manera precisa los procesos internos de selección de candidatos, sino también un conjunto de acciones y actividades que viven los partidos en su interior. Sin duda, tendrá que abordarse el tema de la transparencia y que sean sujetos obligados del proceso electoral.

Otro tema por definir, subrayó, es si el rebase del tope de gastos de campaña, o cualquier otra sanción sobre el uso de recursos, debe ser causal de nulidad de la elección. Si esa es la decisión, se modificará radicalmente el proceso de fiscalización que tiene hoy la ley, porque es hasta octubre que los partidos entregan informes de gastos de campaña y en ese mes ya ha sido calificada la elección.

Precisó que se deben normar las candidaturas independientes y decidir sobre financiamiento público para proselitismo; si no, dijo, se les reduce notablemente la posibilidad de que realicen una campaña competitiva con respecto a los candidatos de los partidos, y entonces habrá que regular el financiamiento privado.

“Y se deberá discutir si el IFE tendrá facultades para fiscalizar el origen y destino de los recursos, privados o públicos, de los independientes. ¿Y qué pasará si el que rebasó los topes de campaña no ganó –porque en el ambiente hay la idea de que sí rebasó el que ganó–, y quedó en segundo, tercer o cuarto lugar; se anula o no la elección?”