Durante los próximos días, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, será escenario de un excepcional debate sobre las políticas ambientales oficialistas y las propuestas alternativas de organizaciones independientes, especialistas y representaciones comunitarias de todo el continente. La reunión de gobiernos subnacionales de seis países, encabezada por el mandatario chiapaneco, Juan Sabines Guerrero, se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre, y servirá de catalizador para negociar la implementación del programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD plus).

La promoción de compensaciones subnacionales por parte de la Fuerza de Tarea de gobernadores para el clima y los bosques (GCF, por sus siglas en inglés) puede agudizar la crisis climática, al permitir que las industrias sigan contaminando sin reducciones reales de emisiones de carbono por deforestación, explicó Paloma Neuman, de Greenpeace, al presentar el documento Espejitos por aire, que plantea una crítica revisionista del proyecto gubernamental.

Se efectuarán dos encuentros independientes en rechazo al mecanismo trasnacional iniciado por el ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger. Uno, lo convoca la Vía Campesina. El otro, decenas de organizaciones de todo el continente, que incluye a comunidades de la región Amador Hernández, en la selva Lacandona, a organizaciones afectadas por la economía verde, así como Otros Mundos, Amigos de la Tierra Internacional, Nat Brasil, Indigenous Enviromental Network y Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe.

En oposición al mecanismo oficial que pretende poner precio a selvas y bosques, las organizaciones discutirán soluciones al cambio climático y sus implicaciones sobre la biodiversidad y los pueblos originarios durante la Semana Popular contra REDD y sus gobiernos. Los convocantes sostienen que el mecanismo no respeta los derechos de pueblos indígenas. Las comunidades de Chiapas no han sido suficientemente informadas ni consultadas, ni el programa prevé su pertinencia cultural.

REDD incentiva la destrucción de la biodiversidad, añaden. Los estados subnacionales, las empresas y los organismos multilaterales reconceptualizan el término de bosque, al incluir plantaciones que demandan grandes volúmenes de agrotóxicos y agua. El mecanismo no soluciona el cambio climático ni la urgente disminución de gases en los países industrializados.

La falta de permanencia del carbono forestal capturado, hace de REDD un engaño, que sin embargo responsabiliza a las comunidades del sur intertropical como sumideros del dióxido de carbono que los países del norte industrial emiten, obligándolas a constituir reservas boscosas, o las criminaliza si se oponen. Materializa el desalojo de los pueblos para arrasar las selvas y dar lugar a plantaciones. Los que se quedaron en sus territorios han sido encarcelados por tumbar las palmas aceiteras.

Según los convocantes de la Semana Popular, el mecanismo REDD divide y enfrenta a las comunidades y es contrainsurgente. Su aceptación por la Comunidad Lacandona, un pueblo indígena inventado por el gobierno hace 40 años para llevar adelante su negocio de la extracción de maderas finas, confronta a las comunidades vecinas de Montes Azules. En abril de 2011, recuerdan, en ceremonia oficial, el gobernador les entregó armas y uniformes para hacer rondas en el perímetro colindante con las comunidades tzeltales en resistencia que se oponen a la llamada brecha Lacandona, que consolidaría los contratos de despojo.

Concluyen que el mecanismo promueve la descampesinización, es antidemocrático, un robo a la nación y una impostura climática que pretende trasnacionalizar la biodiversidad del trópico húmedo mexicano. Al crear bases para la especulación de bonos de carbono, impacta la propiedad de la tierra con nuevos regímenes de privatización.