iel reflejo de la truculenta realidad del país, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) atraviesa una grave crisis ocasionada paradójicamente por su propia rectora, quien en una de sus últimas acciones irresponsables desconoció los resultados de las elecciones que la sitúan en minoría dentro del tercer Consejo Universitario, para tratar de imponer a consejeros afines a su administración. Estas maniobras se llevaron a cabo por medio de un órgano electoral a modo que eliminó arbitrariamente a nueve fórmulas de estudiantes y académicos oposicionistas que habían logrado la mayoría de los votos, y se añadieron cinco perdedoras cercanas a la rectoría, tratando con ello de controlar el consejo, máximo órgano de gobierno de la universidad, que ahora mismo no existe como tal, ya que la entidad que se ostenta con este nombre y firma desplegados es un organismo ilegal e ilegítimo que usurpa funciones y sólo cuenta con 22 de los 55 escaños con derecho a voto. La toma de varios planteles de la UACM y el paro que se prolonga por más de un mes constituyen la respuesta estudiantil a este verdadero golpe de Estado llevado a cabo por las máximas autoridades y por quienes, en minoría dentro de los sectores de profesores y estudiantes, defienden posiciones favorables a la rectora.

El conflicto tiene antecedentes cuyo origen coincide con la llegada de la doctora Esther Orozco a la rectoría. Esta funcionaria se ha enfrentado al sindicato, al que percibe como un estorbo; a los académicos nacidos en otros países –que los empleados de rectoría tildan de legión extranjera, en una franca campaña xenófoba que, como señala el poeta David Huerta, contradice la tradición generosa, hospitalaria y humanitaria de la izquierda y el pueblo mexicanos–; a los estudiantes y profesores, de quienes se expresa en forma denigrante, favoreciendo a un círculo cercano y dividiendo a una comunidad académica que recién iniciaba con dificultades el desarrollo pleno de su institución.

En la revisión salarial de 2010, las autoridades rompieron las negociaciones con el sindicato e instaron a los trabajadores a solicitar de manera individual el incremento ofrecido por la universidad de 2.76 por ciento, muy por debajo de la inflación, acción de corte neoliberal que coincide plenamente con el espíritu y la letra de la reforma laboral propuesta por Felipe Calderón y apoyada por los partidos de Estado. Pero las acciones antisindicales de rectoría fueron más lejos, al retener ilegalmente las cuotas de sus agremiados, despedir injustificadamente a trabajadores considerados conflictivos por sus actividades y posiciones críticas, o peligrosos por su conocimiento de la situación presupuestal, reteniendo prestaciones colectivas e instrumentando a través de la Coordinación de Servicios Administrativos una férrea disciplina entre los trabajadores y una degradación del entorno laboral. Este ambiente inquisitorial y persecutorio se extendió a las áreas de difusión y a la academia misma, siendo cesados, suspendidos, rescindidos de su contrato o citados a proceso: Eduardo Mosches, John Hazard, Claudio Albertani, entre otros, acusados de falta de manejo y administración de los bienes, amenazas, violencia verbal y otras linduras que las patronales utilizan para castigar a disidentes no cooptables.

Si la situación de la UACM era ya preocupante, en las últimas semanas ha tenido lugar una peligrosa escalada del conflicto. El viernes 7 de septiembre, un grupo de taxistas piratas, habilitados como porros y liderados por Jacobo Venegas –uno de los consejeros estudiantes impuestos por la rectora– intentó tomar el plantel Cuautepec por la fuerza. No lo lograron porque los académicos ahí presentes hicieron una valla humana para impedir el atropello. Acto seguido, la noche del sábado al domingo siguiente repitieron la provocación, esta vez disparando balas al aire. Es gravísimo que las autoridades de la UACM no se hayan deslindado de esos hechos lamentables. Ni la rectora Orozco, ni el secretario general, Jesús Fandiño, ni la coordinadora académica, Minerva Camacho, ni el abogado general, José de Jesús Ubaldo Izquierdo, ni la contralora Verónica Cuenca han pronunciado una palabra al respecto. La administración tampoco manifiesta disposición a solucionar el conflicto, ya que sus delegados en las mesas de diálogo se muestran más interesados en impedir cualquier posibilidad de entendimiento que en lograr avances para llegar a la apertura de los planteles y el retorno a las actividades de docencia e investigación. Por si todo esto fuera poco, el jueves 20 de septiembre la rectora encabezó una marcha de unas 60 personas entre estudiantes, trabajadores técnicos y manuales, que se apersonó en actitud retadora a las afueras del plantel Del Valle, tomado por el movimiento estudiantil. Lejos de sentar las bases para lograr el regreso a clases y la normalidad institucional, la autoridad parece optar por la vía del enfrentamiento radical, lo cual quedará como su responsabilidad política y moral frente a la opinión pública.

¿Existe una solución? Sí, y es sencilla. El gobierno capitalino tiene que respetar la autonomía de la UACM y dejar de sostener a una administración corrupta, corruptora e indefendible. La doctora Esther Orozco tiene que aceptar los resultados de las elecciones que no la favorecieron y dar pie a la instalación de un Consejo Universitario legal y legítimo, tal como salió de las urnas. Ambas acciones serían una demostración de sensatez y respeto a los procesos democráticos básicos. Cada día de retraso en solucionar el conflicto va en detrimento de sus estudiantes y su planta laboral, y significa una agresión inadmisible a esta joven universidad de la capital de la República.