as y los gobernadores rarámuris de Huetosachi, Bacajípare y Mogotavo, en la sierra Tarahumara han dicho que no. No asistieron ni asistirán a las reuniones del Consejo Consultivo Regional del Fideicomiso Barrancas del Cobre, convocadas por el gobierno del estado de Chihuahua, mientras no se cumpla el mandato de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que debe constituirse dicho consejo y a él debe convocarse a todas las comunidades afectadas por el proyecto turístico Barrancas.
Las autoridades indígenas señalan que dicha convocatoria debe hacerse a todas las personas elegidas según los usos y costumbres de cada comunidad de la zona afectada, no sólo a cuatro de ellas. Exigen, además, que para participar en dicho consejo los diversos niveles de gobierno tomen en cuenta sus demandas, la mayoría interpuestas ante el cúmulo de problemas causados por el propio gobierno al implementar el proyecto turístico.
Desde 1996 el gobierno del estado de Chihuahua, sin consulta previa ni tomar para nada en cuenta a las comunidades rarámuri de la zona, lanzó con toda espectacularidad el proyecto turístico Barrancas del Cobre. Contempla una serie de obras de infraestructura, de instalaciones hoteleras, restauranteras, de diversas atracciones, etcétera. Las obras comenzaron hace 12 años. Lo más reciente ha sido la instalación del teleférico que atraviesa buena parte de la imponente barranca.
Hasta ahora gobierno y particulares han invertido más de mil millones de pesos a través del Fideicomiso Barrancas en infraestructura urbana –sobre todo en la población de Creel–, remodelación de estaciones de tren, construcción de locales comerciales, etcétera. Sin embargo, ni un centavo se ha destinado a mejorar las condiciones de vida de las comunidades rarámuri de la barranca: carecen de agua potable, de todo tipo de servicios, de atención adecuada a la salud.
Todas estas obras han afectado seriamente el hábitat, los lugares sagrados, los territorios, los terrenos agrícolas y de pastoreo de varias comunidades rarámuri, entre ellas las de Huetosachi, Bacajípare y Mogotavo. Esta última ha sido cercada por los terrenos destinados al turismo, que la reducen prácticamente a la zona habitacional. Como es muy frecuente en la sierra Tarahumara, resulta que las comunidades originarias son extrañas en su propia tierra, pues los títulos de propiedad amparan a propietarios mestizos.
Y aunque han llegado más turistas a la Barranca del Cobre, también han llegado vendedores externos de artesanías que desplazan a los rarámuri; se han contaminado sus aguajes con las descargas de los hoteles; se acumula basura en los predios. También se han expandido la drogadicción, el alcoholismo, y se ha intensificado la presión de los inversionistas y del mismo gobierno sobre la tierra y sus propietarios ancestrales.
Ante todo ello, la tenacidad de dos gobernadoras de la comunidad rarámuri de Huetosachi, María Monarca Lázaro y María Luisa Cruz, las llevó a interponer un amparo ante las autoridades federales para que se respete su derecho a la tierra y se les consulte antes de realizar cualquier inversión en su territorio. El amparo fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en marzo pasado emitió un fallo histórico que obliga a los tres niveles de gobierno a integrar a todas las comunidades rarámuri afectadas en el consejo consultivo del proyecto turístico Barrancas del Cobre en Chihuahua y a que cada año dicho consejo elabore una propuesta de inversión social para beneficio de la vida de las comunidades, misma que nunca se ha hecho.
La resolución de la Corte ha empoderado a las tres comunidades rarámuri. Desde hace cuatro meses han desatado un proceso de información y discusión entre ellas sobre los impactos del proyecto turístico y las exigencias que deben plantear al gobierno y a los inversionistas. Es así que, cuando les llegó la convocatoria a participar en la reunión del consejo consultivo para el pasado 25 de septiembre decidieron no asistir. Además de exigir que se convoque por su nombre y apellidos a quienes todas las comunidades afectadas han elegido como sus representantes, señalan que no asistirán al consejo en tanto no se resuelvan sus demandas:
Primero, que se paren las obras y las construcciones hasta que se informe sobre los planes del proyecto turístico como el aeropuerto, el parque de aventura, la deforestación y la extracción de materiales. Segundo, que se agilicen los trámites para solucionar sus demandas en torno a los derechos sobre su tierra. Tercero, que se les proporcione información sobre el proyecto para poder explicarla a todos los miembros de la comunidad, con el tiempo necesario para discutirla en las comunidades para poder dar su palabra y que ésta sea respetada y llevada a la práctica.
La dignidad y la combatividad de las y los rarámuri, apoyada en esta resolución de la Corte y en el artículo segundo constitucional, vienen a sentar un formidable precedente. En esta coyuntura de despojos de recursos naturales, de imposición de megaproyectos turísticos, de expansión del extractivismo, las comunidades movilizadas, exigiendo participación, con todo el apoyo de la legalidad y las instancias que la vigilan, constituyen un instrumento inmejorable y una inspiración para los pueblos que defienden sus territorios, sus recursos naturales, los lazos, usos y costumbres que generan y reproducen su comunidad.
