A 38 años de la desaparición de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz, en el estado de Michoacán, el gobierno mexicano sigue sin emprender ninguna investigación al respecto, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en condiciones de admitir ya el caso e iniciar el proceso legal para llamar a cuentas a las autoridades del país.

Así lo afirmaron los familiares de las víctimas e integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes lamentaron la falta de acción del Estado, y por tanto la persistencia de la impunidad en estos crímenes de lesa humanidad.

En conferencia de prensa, Abdallán Guzmán Cruz recordó que entre 1974 y 1976, agentes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad detuvieron y desaparecieron a sus hermanos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano, así como a su padre Jesús Guzmán Jiménez –originarios de la comunidad purépecha de Tarejero–, acusados de pertenecer a grupos armados clandestinos.

Otro de los hermanos Guzmán, Alexander, fue detenido en 1971 en el estado de Jalisco por agentes de seguridad, quienes lo torturaron de forma tan brutal que le causaron daños sicológicos irreversibles, lamentó Abdallán, quien subrayó que a pesar de todas las dificultades, seguirá buscando a sus familiares para alcanzar justicia y verdad histórica.

Blanca Hernández, directora de la Fundación Diego Lucero, indicó por su parte que 1974 fue uno de los años más aciagos en el tema de las desapariciones forzadas, pues se calcula que entonces hubo entre mil 200 y mil 300 víctimas de dicho fenómeno en todo el país, a quienes sólo se reportaba como extraviados.

Luego de la insuficiente actuación de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la familia Guzmán decidió interponer, en octubre de 2006, una petición ante la CIDH para que dicho organismo analizara el caso.

Sin embargo, el gobierno mexicano obstaculizó ese trámite al afirmar apenas el 27 de agosto pasado que no se han agotado todos los recursos legales internos, pues las autoridades lanzaron en 2011 un programa mediante el cual ofrecen dar a las víctimas una indemnización económica, realizar un acto de reconocimiento de culpabilidad y brindar garantías de no repetición.

Aunque dichos elementos están en consonancia con la legislación internacional, afirmó por su parte Andrés Díaz, coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dejan de lado el acceso a la justicia y la verdad histórica.

Tomando en cuenta el retraso injustificado de la procuración de justicia por parte del Estado mexicano, y sus respuestas vagas con respecto al caso de la familia Guzmán, es viable exigir que la CIDH admita ya la petición de hacerse cargo del caso, enfatizó.