Lisboa, 29 de septiembre. Decenas de miles de portugueses se manifestaron de nuevo este sábado en las calles de Lisboa contra la política de recortes lanzada por el gobierno de centroderecha, que prepara nuevas medidas para cumplir con sus compromisos internacionales.

A las tres de la tarde varios cortejos comenzaron a converger en la Plaza del Comercio, en pleno corazón de la capital, para manifestarse contra el robo de los salarios y de las pensiones, atendiendo la convocatoria de la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP), la principal sindical portuguesa.

La iniciativa de la central, que recibió el apoyo del movimiento de los indignados y de un grupo de ciudadanos que se proclamaron apolíticos, apoyándose en las redes sociales, ya movilizó el 15 de septiembre varios centenares de miles de personas en unas 30 de ciudades del país.

Esa manifestación, la expresión de una creciente protesta social, fue la más importante en Portugal desde que el país obtuvo, en mayo de 2011, una ayuda de 78 mil millones de euros de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un riguroso plan de ajuste.

“Nuestro futuro está hipotecado por las medidas de la troika (UE-BCE-FMI, que representa a los acreedores del país). El pueblo portugués está harto”, dijo Francisco Lopes, un trabajador de 56 años que vino a manifestarse con su hijo Rui, de 27.

Estoy muy preocupado, estamos en una espiral sin fin y no veo cómo mi generación podrá conseguir trabajo, una vivienda, una familia, suspira Rui.

María José Oliveira y su marido, dos obreros textiles desempleados, llegaron en autobús de Braga (noroeste) para expresar su indignación. Esta pareja de cincuentenarios no se manifestaba desde la revolución que derrocó a la dictadura de Antonio Salazar, el 25 de abril de 1974.

Bajo un sol intenso, tambores y pitidos señalaban la llegada de nuevos manifestantes, que seguían afluyendo mientras corean: ¡Abajo la austeridad!, enarbolando pancartas y banderas de los sindicatos de las administraciones locales, de los profesores, e incluso de las fuerzas del orden.

A cambio de su rescate financiero, Lisboa se ha dedicado a aplicar una severa cura de austeridad, pero la recesión económica y el desempleo se han agravado, y el gobierno de centroderecha tiene dificultades para sanear las cuentas públicas.

El déficit presupuestario se elevaba en junio a 6.6 por ciento del producto interno bruto (PIB), cifra aún lejos del objetivo de 5 por ciento para la totalidad del año que Portugal acordó con sus acreedores internacionales.

Para corregir la tendencia al aumento del déficit, el gobierno estudia aplicar mayor control de gastos y un aumento de los impuestos sobre el patrimonio y el capital.

En 2013, el gobierno deberá reducir su déficit a 4.5% del PIB, frente al objetivo de 3 por ciento previsto inicialmente, y tendrá que ahorrar otros 4 mil 900 millones de euros, lo que implicaría un nuevo aumento de impuestos sobre los salarios.

Sometidos a planes de austeridad sucesivos desde 2010, los portugueses han convocado desde entonces huelgas y manifestaciones que, exceptuando algunos breves forcejeos, no han dado lugar a enfrentamientos violentos.