A lo largo de 90 días, el país vive la doble situación de tener un presidente en funciones y otro electo. Y para ambos, un solo Estado Mayor Presidencial (EMP), el cual, en esta coyuntura ha reproducido para Enrique Peña Nieto el esquema de seguridad aplicado a lo largo del sexenio a Felipe Calderón Hinojosa.

Así, ambos tienen varios y nutridos grupos de escolta, convoyes con al menos seis vehículos de camionetas blindadas, motociclistas de avanzada, vehículos guía, ambulancias, grupos de apoyo, centenares de guardias presidenciales y decenas de oficiales de Ejército, Marina y de grupos antimotines de la Policía Federal.

Todos, con la única disposición de instalar y realizar la rígida vigilancia tanto en el entorno inmediato de cada uno de ellos como en el perímetro –que pueden abarcar cientos de metros, varias cuadras, carreteras y caminos– por donde pasarán.

Para el caso del político electo, ese nuevo y abrumador aparato militar y policiaco se ha traducido –en apenas un mes– en un marcado alejamiento de la gente, aquella con la que tuvo contacto cercano antes y durante su campaña presidencial y a la cual dedicaba incluso más de una hora para saludarla y tomarse fotografías, al grado de considerarse tales gestos una de sus claves de aceptación electoral en muchos lugares del país.

Como todos los políticos con encargos gubernamentales y aspiraciones futuristas, Peña Nieto siempre dispuso de un fuerte equipo de seguridad, y así se vio también durante los meses recientes.

Sin embargo, las rutinas, códigos y el número de efectivos aplicados durante esa etapa han sido sustituidos por un impresionante aparato humano y técnico dispuesto por el encargado de la seguridad en esta etapa de transición, el general brigadier Roberto Miranda Moreno, mediante una estructura espejo a la aplicada para Calderón Hinojosa por su superior, el general de división Jesús Castillo Cabrera, jefe del Estado Mayor Presidencial.

Empero, casi a punto de concluir su mandato, la percepción general respecto a Calderón es tajante: ha sido uno de los presidentes que menos contactos personales estableció. Son escasas las imágenes donde se le puede ver conviviendo con la gente sin vallas o escoltas de por medio, y cuando hubo alguna suerte de acercamiento, casi siempre fue con personas previamente autorizadas por el EMP.

El general Miranda Moreno –quien ocupará una de las dos subjefaturas operativas del EMP en esta administración– de inmediato ha dispuesto de todos los recursos para trasladar, así sea del lejano Durango o a algún hotel de la zona de Polanco o a doquier que acuda Peña Nieto para un acto público, decenas de vallas metálicas, arcos detectores de metales, espejos para revisar debajo de los coches, soldados de guardias presidenciales uniformados con overoles negros, sólo con un discreto distintivo bordado de seguridad, todo para impedir la libre circulación de las personas, y tiene al alcance, además, otros sofisticados elementos imperceptibles a simple vista.

Ha trascendido que el propio presidente electo ha lamentado esta nueva condición, porque –dicen– él no piensa renunciar a su contacto con la población.

De hecho, una de las primeras ocasiones en que el político priísta se asombró al advertir tal despliegue de seguridad fue con la virtual toma del EMP del primer cuadro de Toluca, el pasado 4 de septiembre, cuando acudió como invitado al primer Informe de gobierno de su sucesor, Eruviel Ávila.

Sin embargo, por haber llegado en helicóptero, seguramente Peña no supo de la cantidad y variedad de corporaciones militares y civiles desplegadas ese día –incluso con vehículos artillados– en todos los accesos carreteros a la capital del estado de México.