A unas semanas de que empiece a funcionar en su totalidad la línea 12 del Metro, un grupo de 100 comerciantes ambulantes ingresó a las estaciones para reconocerlas, sin que hubiera necesidad de desalojarlos, pues no se instalaron informó el director del Sistema de Transporte Colectivo, Francisco Bojórquez Hernández.

Un total de 80 policías auxiliares y 80 de fuerza de reacción se encargarán de evitar la entrada de los llamados vagoneros y, en caso de detectarlos, los vamos a sacar, porque la venta de mercancías en las instalaciones del Metro está prohibida, advirtió.

Hasta el momento, comentó, se cuenta con un padrón de 3 mil comerciantes informales en las 11 líneas de la red, por lo cual se remite al juzgado cívico a 750 personas a la semana, mientras en lo que va del año se ha enviado a 200 vendedores de discos piratas a la Procuraduría General de la República (PGR).

El funcionario señaló en entrevista que se contratarán 500 policías auxiliares y de fuerza de reacción para apoyar las tareas de vigilancia en el Metro, en tres turnos, de los cuales 160 se destinarán a la línea 12, donde no hay ambulantes y no va haber.

Sus remisiones este año se incrementaron en 50 por ciento, de 500 a 750 a la semana, por lo cual se sostienen pláticas con la Consejería Jurídica para abrir un juzgado cívico en la estación Atlalilco, y una agencia del Ministerio Público en la estación Periférico.

De esta manera, este proceso será más expedito y nuestros elementos de seguridad no perderán tanto tiempo en presentarlos, y su labor de vigilancia en andenes, pasillos y trenes mejorará, reconoció.

Prohíben venta informal

Recordó que se envió una reforma a la Ley de Cultura Cívica a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para “actuar de manera preventiva y ser más consistente en los operativos para impedir la venta de productos dentro de la red”, y se impulsó un programa de atención al comercio informal.

320 locales comerciales fueron construidos y entregados a grupos de cinco o seis personas, a través de un permiso administrativo temporal revocable (PATR) por cinco años, con la posibilidad de refrendarlo por un periodo similar, pero no hubo eco, sólo se ocuparon 80, comentó.

No existe interés en formalizarse, en tener un espacio digno, como sí hicieron grupos de invidentes, a quienes se entregaron 120 tarimas donde ofrecen sus productos, afirmó.