San Cristóbal de las Casas, 30 de septiembre. La pobreza en la que vivirán sus hijas o hijos es una razón por las que las indígenas del sureño estado mexicano de Chiapas buscan interrumpir sus embarazos.

El rezago económico y social en el que viven las indígenas repercute de manera negativa en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, explican activistas de los derechos de las mujeres en el estado.

Ellas desconocen que tienen derecho a practicarse un aborto legal y, ante la falta de infraestructura médica en sus comunidades o el maltrato que reciben del personal de salud, recurren a la medicina tradicional o interrumpen sus embarazos en lugares inseguros, con lo que ponen en riesgo su vida.

La situación se complica cuando 17 de los 32 estados mexicanos han reformado sus constituciones para proteger la vida desde la concepción-fecundación, lo que derivó en que se restrinjan las causales legales de aborto y se criminalice a las mujeres que lo practican. Ello sucedió como reacción promovida por la Iglesia católica y sectores políticos y sociales conservadores a la aprobación en el Distrito Federal de una ley que desde 2007 despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 12 semana.

El 28 de septiembre fue el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. La efeméride se marca desde 1990 como un acuerdo del quinto Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe. El fin de la conmemoración es impulsar acciones para que las mujeres tengan acceso a abortos legales y seguros. Según el Grupo de Información en Reproducción Elegida, en las entidades del sur del país –donde hay más población indígena– 25 de cada mil mujeres tiene un aborto inducido. Chiapas es claro ejemplo de la marginación y la falta de derechos que padecen las indígenas.

Las indígenas de esa entidad tienen información muy limitada sobre derechos sexuales y reproductivos y un acceso restringido a servicios de salud, señaló Alejandro Rivera, del Colectivo Integral para la Familia.