Lejos de pensar en la creación de una secretaría del deporte, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Bernardo de la Garza, consideró pertinente que se otorguen mayores facultades a esta organización que regula esas actividades, con la idea de que en realidad sea una instancia rectora en todo el país.

Al término de la inauguración del gimnasio al aire libre en el Parque Naucalli, en Naucalpan, estado de México, el dirigente expuso que otro de los retos que deberá afrontar la siguiente administración será continuar con la inercia que se ha creado en este sexenio, por lo que resultará de gran importancia otorgar por lo menos un presupuesto igual al que tuvimos este año, de 12 mil millones de pesos, o mejorarlo.

Aunque no tiene un cálculo aproximado de los recursos financieros que deberían ser invertidos año con año en el deporte y las actividades físicas, lo que sí puedo decir es que ésta no es sólo una labor del gobierno, sino que toda la ciudadanía debe interesarse y hacer el papel que le corresponde.

Luego de agradecer a la pasada legislatura, de la que obtuvo apoyos financieros extraordinarios, expuso que con la llegada a la Cámara de Senadores de la ex atleta Ana Gabriela Guevara y de Felipe Muñoz, ex titular del Comité Olímpico Mexicano, al recinto de los diputados, se puede avanzar mucho, porque ellos, como ex practicantes de estas disciplinas, saben bien lo que hace falta a los competidores y ojalá tengan la visión para evitar problemas y allanar el camino a las generaciones que vienen.

Hizo hincapié en que falta mucho trabajo para lograr que la Ley del Deporte realmente responda a las necesidades del país, por lo que se revisan algunos conceptos para proponerlos ante los legisladores, como lograr que las federaciones no sólo entreguen una adecuada justificación de los gastos, sino que se hagan compromisos en torno a los resultados deportivos.

Otra adecuación que debe hacerse a la legislación mencionada, dijo, es que la Conade efectivamente tenga la capacidad de administrar algunas instalaciones, porque ahora se entregan a los gobiernos estatales o municipales, que eventualmente las ceden a la iniciativa privada y ésta cobra por usarlas, lo que desalienta a la población y, por desgracia, ya no las usan y se incrementan los índices de violencia, como ocurrió en Monterrey.