Buenos Aires, 1º de octubre. Más de 30 mil estudiantes de secundaria que mantienen tomadas 41 escuelas técnicas y normales desde hace más de una semana en la ciudad de Buenos Aires anunciaron que continuarán con esta medida hasta recibir respuestas a sus demandas sobre cambios que propone el gobierno del alcalde capitalino derechista, Mauricio Macri, que afectarán garvemente sus carreras y la educación pública.

Además confirmaron que el próximo 4 de octubre realizarán una marcha de protesta, acompañados por otros sectores estudiantiles, ante el Ministerio de Educación de la ciudad.

La semana pasada la justicia rechazó un pedido de la administración macrista para que los rectores pasaran una lista de los alumnos que ocupan escuelas y de sus padres, lo que causó indignación entre el movimiento estudiantil.

Los dirigentes de la protesta sostienen que la medida continuará por tiempo indeterminado hasta que sean recibidos por el ministro de Educación capitalino, Esteban Bulrich.

El pasado 27 de septiembre, los alumnos realizaron una movilización y advirtieron que las tomas podían abarcar hasta 51 centros educativos, mientras el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Alejandro Lipcovich, señaló que el gobierno de Macri busca una reforma que destruye las orientaciones de las escuelas técnicas.

La reforma significa cierre de talleres, de turnos de noche y cambio de asignaturas entre otras cuestiones que se consideran un grave retroceso.

Por su parte, el gobierno porteño sostiene que no dialogará mientras sigan tomadas las escuelas.

Los estudiantes también denuncian que los medios masivos de comunicación del poder económico local no registran las demandas estudiantiles ni los diversos conflictos que afectan la administración de Macri, por tener intereses políticos comunes.

Ataques a Cristina Fernández

Se desató contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fuerte andanada de los medios opositores que intentan evadir el cumplimiento de las normas antimonopólicas de la ley de medios audiovisuales, votada en el Congreso en 2009 y ratificada por la Suprema Corte de Justicia.

Entre estos ataques hay información negativa sobre la propuesta de la presidenta ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para establecer un diálogo con el gobierno iraní, solicitado por este mismo país para presentar pruebas ante las acusaciones de su supuesta responsabilidad en el atentado contra la mutual judía Amia de julio de 1994, que dejó 85 muertos, heridos y graves daños.

Equipos legales de ambos países fijarán una fecha para el primer encuentro en una tercera nación. Estados Unidos e Israel acusaron a Irán desde las primeras horas del atentado y han pasado una lista de posibles funcionarios iraníes presuntamente responsables, aunque no existe ninguna prueba concreta, mientras la presidenta argentina se compromete a consultar con todos los sectores políticos sobre estos encuentros, propuestas y diálogos.

El antecedente más notorio (de la falta de pruebas) es que el ex embajador de Irán en Argentina en el momento del atentado, Hadi Soleimanpour, fue detenido en Londres por pedido argentino y se le pidió a la justicia de este país que se enviaran las pruebas para respaldar la detención.

Los jueces de Londres consideraron las pruebas poco sólidas y Soleimanpour no sólo fue liberado, sino que el tribunal británico debió pagar una indemnización en libras al diplomático, como recordó hoy el analista Raúl Kollman.

También existe el antecedente de un juicio viciado en el cual un ex presidente de la mayor entidad empresarial israelí aquí (Daia), Rubén Berajas, y otros, incluido el juez del caso Juan José Galeano, incurrieron en graves irregularidades, como el pago de 400 mil dólares a un delincuente preso para que acusara a los iraníes. El juicio debió ser cerrado por estas irregularidades y el juez fue destituido.

El tema AMIA es clave para las autoridades israelíes en su decisión de actuar militarmente contra Irán para evitar la supuesta construcción de una bomba nuclear, cuando el gobierno iraní asegura que se trata de un proyecto de energía nuclear de uso pacífico.