Trabajadores huéspedes que laboraban en Luisiana, Estados Unidos, por medio de visas H-2B, denunciaron ayer en la Secretaría de Relaciones Exteriores que fueron obligados a condiciones de trabajo forzado en la empresa G’s Seafood, la cual es parte de la cadena de suministro de Wal-Mart, así como el hostigamiento a su regreso a nuestro país por haber denunciado estas prácticas.

En conferencia de prensa, los trabajadores informaron que laboraban más de 16 horas diarias con sólo 15 minutos de descanso, que se les pagaba un salario menor a lo establecido por ley y además eran encerrados para que no pudieran tomar un descanso.

Asimismo, cuando los directivos de la empresa se enteraron que los trabajadores se estaban organizando para exigir el respeto a sus derechos, los amenazaron con hacer daño a sus familias, deportarlos e incluirlos en una lista negra para que no puedan regresar a trabajar con las visas H-2B.

En el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), varios de los trabajadores afectados ofrecieron ayer su testimonio, y sostuvieron que una comisión binacional demandó a la SRE investigar sobre este caso de trabajo forzado en una parte de la cadena de suministro de Wal-Mart.

Desde el pasado mes de junio, por conducto de la Alianza Nacional de Trabajadores Huéspedes (NGA, por sus siglas en inglés) se hizo la denuncia de este caso de trabajo forzado y violación a los derechos humanos laborales de mexicanos en esa empresa estadunidense.

Para analizar este caso, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); la Organización Nacional para las Mujeres (IMOW); el Sindicato de Trabajadores de Comercio y Alimentos (UFCW); el Consorcio para Derechos Laborales (WRC); la NGA, e integrantes de la Comisión Binacional de Investigación se reunieron con funcionarios de la SRE, a fin de plantearles la protección de los trabajadoras huéspedes.

A la fecha se han recibido más de 150 mil cartas de apoyo para estos trabajadores; sin embargo, pese a que tiene responsabilidad por omisión, “Wal-Mart los ha ignorado y, como en la denuncia de corrupción en México, trató de distraer la atención antes de reconocer el problema, con un artículo publicado en The New York Times”, según planteó Scott Nova, director ejecutivo de WRC, organización que realizó una investigación externa en G’s Seafood. Toda la cadena de suministro necesita de una investigación urgente para evidenciar y prevenir otros casos de trabajo forzado, dijo.

Por su parte, Terry O’Neil, presidenta de IMOW, expuso que “La mayoría de los trabajadores huéspedes que han sufrido trabajo forzado en G’s Seafood son mujeres. En tanto que Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de ProDESC señaló: El gobierno mexicano debe asegurarse de que los trabajadores que laboren en el extranjero no sean sujetos a violaciones de sus derechos humanos, pues está obligado a proteger a sus connacionales en el exterior.

También en otro caso en Luisiana, la SRE externó su apoyo a la demanda presentada ayer lunes en la Corte de Distrito de Lafayette, por dos trabajadoras mexicanas en nombre de un centenar más, contra la compañía procesadora de mariscos Riceland Crawfish Inc, con sede en la ciudad de Ville Plate, debido a que les pagaron menos de la mitad del salario acordado y laboraron jornadas de 70 horas por semana.

La acción judicial, respaldada con el Programa Técnico Jurídico Especializado (Proteje) del gobierno de México, busca recuperar los salarios no pagados a estas mujeres, obtener las compensaciones del caso y resarcir las violaciones a la Ley Federal de Salarios de Estados Unidos (Fair Labor Standards Act) sufridas por las trabajadoras mexicanas durante tres años.