Domingo 7 de octubre de 2012, p. 14
La tardanza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver la controversia constitucional por la Ley General de Víctimas es una muestra de que esta herramienta jurídica está siendo utilizada como moneda de cambio entre diversos grupos políticos, sin importar que haya cientos de personas afectadas por la violencia que siguen sin recibir ningún tipo de atención, lamentaron activistas de organizaciones sociales.
Luego de que el presidente del máximo tribunal del país, Juan Silva Meza, señalara el viernes que el fallo sobre dicho tema no se dará pronto, Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, consideró que este anuncio comprueba que las garantías básicas de las personas no son la prioridad del gobierno, quien sólo usa el tema para obtener dividendos políticos.
Después del uso que se le dio a la ley en el proceso electoral, ahora viene este retraso, que parece dejarle el tema a Enrique Peña Nieto como un plus para que su gobierno lo resuelva. Es indudable que hay deficiencias en la legislación, pero se podrían haber subsanado a través de normas secundarias, y lo que ocurre hoy es que se está haciendo uso del dolor de las víctimas como divisa entre grupos políticos
, deploró.
A los defectos que pudo haber tenido la ley, insistió Ramírez, se le sumaron los obstáculos que los tres poderes de la Unión crearon para frenar la entrada en vigor de la nueva norma: por un lado, el mal diseño jurídico del Legislativo; la actuación dolosa del Ejecutivo para no publicarla en su momento, y ahora la SCJN que tiene un proceder muy limitado
.
Blanca Hernández, directora de la Fundación Diego Lucero, indicó por su parte que al retrasar su fallo sobre la Ley General de Víctimas –con el argumento de que se han sumado nuevos recursos al litigio–, la Suprema Corte usa cualquier pretexto para no llegar a una conclusión
, mientras sigue habiendo muchas familias con graves afectaciones causadas por la violencia tanto de los criminales como del Estado, que no reciben ningún tipo de respaldo.