El titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Facundo Rosas Rosas, expresó que hoy en día es evidente que el crimen organizado es el principal violador de los derechos humanos, y que el paradigma que establece que sólo las autoridades pueden incurrir en este tipo de ilícitos empieza a ser cuestionable.

Rosas Rosas sostuvo que ante esa circunstancia, los estados democráticos de derecho y la comunidad internacional han iniciado un proceso de revisión en cuanto a que los integrantes del crimen organizado también cometen violaciones a derechos humanos.

“Los que más han hecho daño han sido los delincuentes, que han recurrido a la desaparición, a las torturas y los homicidios (...) son los que más han afectado en su búsqueda del control de los mercados del narcomenudeo”, indicó.

Nuevos elementos de análisis

El subsecretario señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su oficina contra las drogas y el delito (Unocd, por sus siglas en inglés) en México han detectado que es necesario incorporar más elementos de análisis para definir quiénes, además de los servidores públicos, cometen violaciones a derechos humanos.

En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública federal explicó que, dentro del programa de acciones en materia de derechos humanos, se ha sancionado por la vía procedente cualquier transgresión en este renglón a aquellos elementos que incumplan su obligación de proteger y servir a la comunidad.

Mencionó que de 2007 a septiembre de este año han sido sancionados penalmente 74 agentes de la Policía Federal, 47 de ellos se encuentran sujetos a proceso penal y 26 ya han sido sentenciados, y seis más enfrentan sanciones de tipo administrativo.

La institución ha recibido en el mismo periodo 44 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que significan que el cinco por ciento de todas las quejas promovidas ante ese organismo, sin embargo, la SSP federal también ha tenido que llegar a más de 120 arreglos amigables, a fin de reparar los daños ocasionados a ciudadanos afectados por la actuación de los agentes federales.