Madrid, 7 de octubre. Bajo la sombra de una posible huelga general que cada vez parece más claro que se realizará el 14 de noviembre, decenas de miles de personas salieron hoy a la calle en las principales ciudades de España para protestar por los recortes presupuestales del gobierno de Mariano Rajoy y exigir un referendo sobre la política de austeridad.

La manifestación central del día fue la de Madrid, que tuvo en su cabecera a los secretarios generales de los dos grandes sindicatos españoles, Ignacio Fernández Toxo, de Comisiones Obreras, y Cándido Méndez, de la Unión General de Trabajadores (UGT). La convocatoria de protestas abarcó, no obstante, casi 60 ciudades, entre ellas Barcelona, donde la marcha arrancó antes que la de la capital.

Con el lema ¡Quieren arruinar el país! Hay que impedirlo, unas 72 mil personas, según los organizadores, marcharon en Madrid diez días después de que el Ejecutivo aprobó el presupuesto general del Estado para 2013 con más ajustes al gasto público y en momentos en que España atraviesa su segunda recesión en tres años y en la que uno de cada cuatro trabajadores ha perdido su empleo.

Recortes, recesión y paro

El presupuesto sólo traerá más recesión y más paro, dijeron hoy los líderes de las dos organizaciones sindicales, que forman parte de la denominada Cumbre Social, que aglutina a 150 entidades sociales y que ha sido la convocante de las marchas de hoy y del pasado 15 de septiembre.

En la manifestación se pidió a gritos la dimisión de Rajoy y la huelga general. En ella participaron miembros destacados del Partido Socialista Obrero Español, que este año perdió la mayoría parlamentaria frente al Partido Popular e Izquierda Unida, la tercera fuerza en el Poder Legislativo.

Si hay huelga general será responsabilidad del gobierno, manifestó Toxo, que demanda al Ejecutivo la celebración de una consulta popular en la que los españoles puedan pronunciarse sobre los recortes. Si aceptan convocar el referendo se abrirá un escenario totalmente distinto. Si no, seguiremos avanzando hacia la huelga general, dijo Toxo.

La fecha que cobra cada vez más fuerza para ese paro es el 14 de noviembre, coincidiendo con la huelga en Portugal y en el contexto de una jornada de acción unitaria en varios países europeos, que atraviesan por problemas de sobregiro en el gasto público, deuda, recesión económica y desempleo, como no se había visto en décadas.

En cada país se hará una cosa, dijo el secretario general de UGT. Aquí, en España, lo más probable es que esa acción sea la huelga general, añadió Méndez.

Los sindicatos se han dado de plazo hasta mediados de este mes para decidir si convocan esa huelga general, la segunda contra el gobierno de Rajoy después de la que ya hubo en marzo contra la controvertida reforma laboral que abarató y facilitó el despido.

Las protestas y las manifestaciones han ido creciendo en los meses recientes en España, donde el descontento por los recortes de Rajoy se hace cada vez más patente, pero también el malestar de los ciudadanos con toda la clase política, a la que reprochan un alejamiento de la realidad y de los problemas en estos años de crisis económica.

Hace una semana, miles de ciudadanos expresaron ese rechazo a la clase política en tres protestas frente al Congreso de los Diputados en Madrid.

La primera de ellas, el 25 de septiembre, terminó con acciones policiales de fuerza que han sido muy criticadas y con 35 detenidos y 64 heridos.

Según una encuesta publicada hoy por el diario El País, tres de cada cuatro ciudadanos, 77 por ciento, comparte los argumentos de los manifestantes, a los que el propio Rajoy intentó restar importancia cuando, durante su reciente visita a Nueva York, alabó a la mayoría de españoles, que no se manifiestan.

La ciudadanía está reaccionando y no hay una mayoría silenciosa con la que se pueda jugar según convenga, denunció hoy el manifiesto que se leyó al final de la protesta en Madrid.

El texto denunció también un intento por parte del gobierno de convertir las protestas en un problema de orden público, lo que derivaría en acciones autoritarias y antidemocráticas. El señalamiento alude a recientes declaraciones de funcionarios públicos que defendieron la necesidad de modificar el derecho de manifestación, con el argumento de que la capital española está últimamente colapsada por frecuentes manifestaciones.