Los partidos de izquierda y el Instituto Federal Electoral (IFE) iniciarán esta semana una carrera contra el tiempo, por el destino de más de 2 millones de toneladas de papel que contienen los votos de las elecciones de 2006 y de 2012.

Por un lado, el calendario aprobado por el IFE marca el 26 de noviembre como fecha límite para destruir el material correspondiente a 273 mil paquetes (130 mil 477 de 2006 y 143 mil 132 de la contienda del 1º de julio pasado).

En tanto, los partidos interpondrán esta semana apelaciones –a la determinación del IFE– por tres vías: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Si bien en los años recientes, el análisis acerca de las boletas de la elección de 2006 ya recorrió todo el circuito jurídico –el análisis llegó a la CIDH– la resolución del IFE (aprobación de los lineamientos para la destrucción) hace al asunto nuevamente impugnable.

Para el caso de 2012, los partidos (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) advierten que se trata del material de un proceso que si bien ya fue resuelto en el tribunal, aun está pendiente el reporte de la Unidad de Fiscalización, así como de instancias penales, acerca de los gastos de campaña.

Los partidos en la contienda integrantes del Movimiento Progresista afirman que es imprescindible preservar los votos como fuente de información.

“Para nosotros es tan relevante el material de 2006 como el de 2012; creemos incluso que para el de 2006 nos asisten más elementos, porque fue el proceso electoral más polémico y opaco, con una negativa del tribunal a abrir todos los paquetes para el recuento del voto por voto porque la ley no lo preveía.

Nos asiste la razón jurídica e histórica, porque las dudas al respecto prevalecen. Conservar ese material abonaría a los análisis político e histórico de ese fenómeno, advirtió Camerino Márquez, representante del PRD ante el IFE.

Sin embargo, los consejeros electorales que la semana pasada votaron por unanimidad los lineamientos para la destrucción, afirman que no tienen ningún impedimento legal para continuar con el camino trazado.

Por ello, a partir del viernes pasado y hasta el 19 de octubre ordenaron a su estructura nacional iniciar el proceso de trituración con la finalidad de eliminar millones de boletas a más tardar el 26 de noviembre.

Con esta perspectiva, sólo se salvaría temporalmente una parte del material electoral de 2012 que será utilizado para hacer un estudio con base en el cual se haga un análisis sociológico del comportamiento del elector. Tras esta indagatoria, también será sometido al reciclado.

La comisión responsable del proceso de destrucción de los votos válidos, nulos y las boletas sobrantes de los procesos mencionados, aun no tiene un cálculo oficial acerca de los costos que traerá para el IFE el nuevo traslado de papelería y la contratación de una empresa que convierta los votos en papel reciclado.

Sin embargo, los consejeros calculan que este paso costará al IFE unos 5 millones de pesos para procesar más de 2 mil toneladas de papel.

El monto es bajo respecto de los 71 millones de pesos que ha gastado el IFE de 2006 a la fecha por concepto de alquiler de 32 bodegas que resguardan la papelería, con la custodia de fuerzas federales que, a su vez, afirman que han erogado por esta causa –adscripción, traslado, viáticos de su personal– más de 400 millones de pesos.

La destrucción de boletas fue un camino que se tomó por primera vez en el año 2000, con la eliminación por la vía del reciclamiento y reutilización del papel. En ese año, el costo de destrucción fue de 1.8 millones de pesos.

Para los comicios de 2003 fueron destruidos 108 mil 646 paquetes y el costo fue de 1.2 millones. Aquí se inició la toma de muestras (de 12 mil 670 paquetes) para estudios de la participación ciudadana; una vez concluido este análisis, se procedió a su destrucción, por lo que la erogación general de ese año fue de 1.5 millones de pesos.

Con la de 2009, también para la renovación del Congreso de la Unión, se eliminaron 139 mil 175 paquetes, con un costo de 1.7 millones. El IFE recuperó 267 mil 758 pesos por la venta de este papel.

El IFE se alista a destruir la papelería de las elecciones federales de 2006 argumentando que todos los recursos interpuestos por ciudadanos interesados en conservar el material han concluido.

Si bien la CIDH notificó al gobierno mexicano el 3 de julio de 2008 la petición de suspender la destrucción de boletas, el 2 de noviembre de 2011 esta instancia declaró inadmisible la petición P-492-08.

De ahí que el IFE considera que no tiene frente a sí ningún impedimento para dar cumplimiento al calendario de destrucción que le ordena el artículo 302 de la ley electoral federal, bajo procedimientos ecológicos no contaminantes.

Los votos de 2012 (elección de la que el tribunal declaró como presidente electo al priísta Enrique Peña Nieto) se encuentran resguardados en bodegas de cada uno de los 300 distritos en los que está dividido electoralmente el país.