Un juzgado federal en materia de amparo rechazó levantar el arraigo de los 12 policías federales sujetos a esa medida cautelar, por estar vinculados con el ataque armado del pasado 24 de agosto en contra de una camioneta de la embajada de Estados Unidos en México, en la que viajaban dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA, por sus siglas en inglés) y un efectivo de la Armada de México, revelaron fuentes judiciales.

El juzgado tercero de distrito, donde se lleva una de las varias demandas de amparo que han tramitado los abogados de los policías federales sujetos a arraigo, consideró que no es inconstitucional esa medida cautelar y negó la protección de la justicia a los agentes.

Hasta el momento, los defensores de los agentes federales han logrado acreditar que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha presentado, al menos hasta la semana pasada, antes de que se ampliara el arraigo de 40 a 80 días, pruebas periciales o documentales que acrediten la probable responsabilidad de los inculpados en algún delito vinculado con el crimen organizado.

Sin embargo, constan en autos de la averiguación previa las declaraciones de los agentes de la CIA, quienes desde Estados Unidos declararon ante autoridades de la PGR que la agresión fue directa en su contra, y que si están con vida es por el alto blindaje de la camioneta en que viajaban por la zona de Tres Marías.

De su lado, el abogado Aurelio González, uno de los defensores de los 12 elementos de la PF arraigados, sostuvo en entrevista que la versión estadunidense de vincular a los Beltrán Leyva con el caso Huitzilac pretende presionar a la PGR para acusar penalmente a los 12 policías federales arraigados por este incidente.

Tenemos la preocupación por el gran poder que tiene Estados Unidos; entonces, eso lejos de procurar justicia es lo contrario, dijo el litigante.

González aseguró que en la averiguación previa no existen testimonios, de personas protegidas o presenciales que imputen a los agentes una complicidad con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y dijo desconocer si los agentes de la CIA ya declararon ante la PGR.

El caso, a reserva

Por otra parte, se informó que las funciones y la situación migratoria de dos oficiales estadunidenses emboscados en agosto pasado quedaron reservadas por 12 años, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El consultor jurídico de la cancillería, Arturo Dager, aseguró que el tema está en manos de la Procuraduría General de la República y que difundir esos datos iría en contra de la indagatoria.

Además de este caso, la cancillería mantendrá en reserva, por el mismo periodo, el número de efectivos de agencias estadunidenses acreditados en México.

Hacer público el número de agentes extranjeros encargados de labores de procuración de justicia acreditados por el gobierno de México proporcionaría información estratégica que los delincuentes podrían emplear para redefinir sus tácticas y neutralizar el intercambio de información útil para combatirlos, argumentó el funcionario.

La dependencia también indicó que a la fecha no se ha dado ningún informe oficial de la emboscada en Tres Marías, el pasado 24 de agosto, al gobierno estadunidense y que el incidente no dañó la relación bilateral.