Con dos votos disidentes, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) resolvió mantener como confidenciales los nombres de las personas extraditadas por México a otros países para ser juzgadas. Su identidad tiene que protegerse hasta que no se resuelva si son culpables de algún delito, consignó.

En cambio, tiene carácter público el nombre de las 564 personas que han sido extraditadas, y que ya dio a conocer la Procuraduría General de la República (PGR). Otros datos de la PGR indican que 741 personas han sido extraditadas, y de éstas en cinco por ciento de los casos ya se emitió sentencia, por lo cual los nombres tienen carácter público, siempre y cuando en los países donde fueron enjuiciadas no exista alguna restricción para hacer públicas las sentencias.

La resolución se tomó luego de analizar un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano, a quien la PGR negó revelar los nombres de las personas extraditadas a Estados Unidos, Francia y España, entre 2000 y marzo de 2012.

Inicialmente, la PGR había clasificado la información como confidencial, es decir, clasificada indefinidamente. Pero proporcionó los vínculos para consultar en Internet los convenios de extradición con esos países, información a la que también se pidió acceso, y las estadísticas de personas extraditadas, con datos como fecha, delito y nación involucrada.

En la sustanciación de la ponencia de la comisionada Sigrid Arzt, la PGR entregó a los solicitantes los nombres de las 564 personas extraditadas, los delitos presuntamente cometidos y los países a los que fueron entregados, e informó que se han extraditado 741 personas.

En la sesión, los comisionados Arzt, Jacqueline Peschard y Gerardo Laveaga coincidieron en que los nombres de los extraditados deben estar bajo reserva hasta que concluyan sus juicios.

Arzt recordó, incluso, que el Ifai ha hecho exhortos a la PGR para que se abstenga de publicitar esos nombres, lo cual cuestionó su colega Ángel Trinidad: El instituto no puede estar convalidando ese tipo de actos, en los que, sin tener facultades, una autoridad decide selectivamente qué es público y qué es reservado.

Argumentó en favor de la difusión de los nombres, porque sólo así se pueden ofrecer garantías, tanto al presunto culpable, como a la sociedad, de que se está llevando a cabo un debido proceso y que el gobierno no se va a exceder más allá de lo que dice la ley.

La comisionada María Elena Pérez-Jaén coincidió con Trinidad, al señalar que es de interés público conocer los nombres de las personas extraditadas, por ser presuntos responsables de delitos que atentan contra la tranquilidad, la paz y el orden público. Ambos emitieron un voto disidente.