La jueza rectora del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, decidió ayer retirar a Med Atlántica del proceso de rescate porque no acreditó en tiempo y forma contar con los 300 millones de dólares necesarios para capitalizar a la aerolínea.

En un acuerdo publicado en la lista del juzgado décimo primero de distrito en materia civil, la juez hizo pública su determinación y señaló que se hace evidente la falta de interés de Med Atlántica en torno a resolver de forma puntual la situación financiera de la concursada y sus filiales, tan es así que desde el día en que la suscrita asumió la titularidad de este juzgado federal (hace tres meses) y hasta la fecha en que se emite la presente determinación, el representante legal de Med Atlántica no ha comparecido de forma personal en este juzgado, ello en señal de refrendar con seriedad su interés en capitalizar a Mexicana de Aviación; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mandato judicial y en consecuencia se deja de tener a Med Atlántica Europa con el carácter de potencial inversionista.

La resolución de la jueza se dio tres meses después de que ella asumió la rectoría del concurso, pero Med Atlántica llevaba aproximadamente medio año intentando demostrar su solvencia.

Abogados de Mexicana de Aviación señalaron que hasta ayer los tres inversionistas interesados en la aerolínea eran Med Atlántica, Iván Barona y Avanza Capital, pero sólo los dos primeros habían presentado documentos al juzgado y estaban considerados por la jueza.

Si Med Atlántica no lograba demostrar la existencia de fondos el siguiente en la lista es Iván Barona a quien la juzgadora le dará un plazo para demostrar que tiene el dinero para el pago de acreedores y financiar el regreso a las operaciones. Mientras, Mexicana de Aviación aseguró que está en condiciones técnicas para reiniciar vuelos a pesar de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) persiste en la negativa de otorgarle el certificado de operador aéreo (COA).

La incertidumbre para la empresa y sus 8 mil 500 trabajadores persiste al final del sexenio de Felipe Calderón y no tiene garantía de nada con la llegada al gobierno federal de Enrique Peña Nieto.

Ildefonso Guajardo Villarreal, coordinador de vinculación con empresarios del equipo de transición de Peña Nieto, dijo que uno de los focos rojos para el gobierno entrante es Mexicana de Aviación, luego de recibir informes acerca de su inminente quiebra. Aclaró que esta circunstancia no significa que en la administración peñista se planee rescatar la aerolínea.

Se trata de un tema, dijo Guajardo, que les está presentando el gobierno saliente, acerca de la problemática en esta empresa, la quiebra financiera inminente de la misma y, obviamente, los pendientes en materia de litigio y de la declaración por parte de la jueza de la quiebra de la empresa.

Para la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA) la decisión de la jueza abre la oportunidad para que otros inversionistas interesados en la aerolínea puedan acercarse a este proceso y presentar también sus posturas.

El secretario general de ASPA, Carlos Morineau, señaló que ese gremio es respetuoso de la resolución de la jueza de quitarle a Med Atlántica el carácter de potencial inversionista que en exclusiva le había sido otorgado, y destacó que la decisión no cancela la posibilidad de que Mexicana vuelva a volar, sino que reitera la importancia que tiene la aerolínea en el contexto nacional.

Ni dinero ni presencia

La jueza Alarcón detalló en el acuerdo de ayer que el escrito que presentó Med Atlántica para responder a su orden ni siquiera fue firmado por su presidente, el español Christian Cadenas, sino por Óscar Jaime Moreno, quien no estaba autorizado legalmente para representar a la empresa. Aún así, la jueza estudió el escrito y concluyó que no hay evidencia alguna de que cuentan con los fondos.

Med Atlántica afirmó que su socio capitalista mexicano sería Bahía de Banderas SA, denominación que corresponde a una empresa hotelera de Jalisco, y que los recursos para la operación serían administrados por la Unión de Crédito Empresarial de Occidente, con sede en Guadalajara.

Pero el juzgado no recibió documentos que prueben la existencia de un contrato entre Med Atlántica y Bahía de Banderas, pues según Moreno estaba en proceso de protocolización ante un notario, tampoco hay evidencias de la existencia de la unión de crédito, ni su compromiso para participar en el rescate de Mexicana.

La decisión de la jueza Alarcón puede ser impugnada en segunda instancia judicial ante un tribunal colegiado de circuito, pero en caso de que se confirme esta resolución, Med Atlántica ya no tendrá posibilidades para buscar el rescate de Mexicana.

Mexicana lista para volar; la SCT, cuestionada

El miércoles pasado en Mexicana de Aviación había expectativa sobre si la jueza concedería a Med Atlántica una prórroga al plazo de cinco días que le había dado para demostrar su capacidad financiera.

Los abogados de Mexicana previeron que si Med no lograba la ampliación y la jueza decidía su salida, el siguiente en el intento por tener documento ya ante el juzgado será Iván Barona. Señalaron que Avanza Capital mantiene el interés, pero no ha mostrado documentación ante la juez.

Med Atlántica mantuvo aproximadamente seis meses la afirmación de que contaba con el dinero para capitalizar a Mexicana de Aviación, incluso su representante, Christian Cadenas, junto con sindicatos y titulares de la Secretaría de Trabajo y de Comunicaciones y Transportes, así como el juez Felipe Consuelo Soto, anunciaron que la aerolínea regresaría pronto al aire, lo cual no ocurrió, porque después de tanto tiempo la empresa de origen español no logró demostrar la existencia del dinero.

La jueza Edith Alarcón señaló que en este concurso mercantil la voluntad de las partes no puede estar por encima de lo que dispone la ley, por lo que en apego a la facultad del estado de intervenir en la vida económica de la sociedad con la finalidad de alentar la coexistencia entre los acreedores y los deudores en busca de una alternativa de solución a un conflicto patrimonial que puede transformarse en social, decidió retirar a Med Atlántica del caso.

El turno ahora sería para Iván Barona, quien hace aproximadamente un año aseguró que contaba con 400 millones de dólares, por lo menos, para capitalizar a Mexicana de Aviación, y presentó como su fondeador al empresario canadiense Michael Shamis quien incluso viajó a México para respaldar a Barona, con quien al final rompió el acuerdo.

Mexicana de Aviación aseguró que está en condiciones técnicas de regresar al mercado en cuanto la SCT le entregue el COA que le ha negado con el argumento de que la Ley de Aviación Civil señala que es necesario demostrar la capacidad financiera para obtener ese documento, lo cual, precisaron los abogados de le empresa, sólo se requiere para obtener una nueva concesión y la de Mexicana está vigente hasta el año 2030.

El abogado auxiliar del conciliador Gerardo Badín, Roberto Sánchez, señaló que entre los signos positivos para Mexicana están que Banorte se mantiene en las negociaciones para llegara a acuerdos por ser uno de los principales de la empresa; al igual que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) que tiene en su poder los aviones de Mexicana y que ya estaba en negociaciones con Jetran y Compass, empresas que adquirirían las aeronaves para rentarlas a Mexicana.

Ante la salida de Med Atlántica y la postura inamovible de la SCT trabajadores de la aerolínea criticaron y cuestionarios el doble discurso del gobierno federal que no intervino cuando Gastón Azcárraga le vendió las acciones a Tenedora K porque a pesar de tratarse de una concesión la operación de compra y venta era un asunto entre particulares, y que ahora entorpezca el procedimiento con el argumento de que se trata de una concesión y tiene que supervisar la operación.

Los trabajadores reaccionaron a declaraciones del subsecretario de Transporte, Felipe Duarte, quien aseguró que la SCT conocía la precaria situación financiera en la que se encontraba Mexicana durante la gestión de Gastón Azcárraga, pero no actuó por tratarse de decisiones de negocios de los empresarios, lo que demuestra la incoherencia y doble discurso con el que se ha manejado la dependencia. Y fustigaron que durante la transacción con Tenedora K tampoco haya intervenido por tratarse de particulares, en ese momento no le importaron los trabajadores ni los pasajeros ni el turismo ni el desarrollo de la economía del país y mucho menos el servicio público concesionado.