La falta de un registro nacional de empresas del sector inmobiliario permite la existencia de coyotes y charlatanes que prestan servicios de venta, renta y administración de inmuebles, muchas veces sin tener los conocimientos mínimos necesarios, aseguró la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

El presidente de la sección ciudad de México del organismo, Alejandro Kuri Pheres, dijo en entrevista que el riesgo para quienes utilizan tales servicios está en que al no haber una autoridad que regule a los intermediarios, se pueden cometer fraudes como vender una misma propiedad varias veces a personas distintas o comercializar viviendas que han sido embargadas o tienen adeudos fiscales.

Indicó que de acuerdo con estimaciones de la asociación basadas en datos del Inegi, apenas 7 por ciento de las 100 mil personas que prestan servicios inmobiliarios en México cuentan con algún certificado que los acredite como profesionales capacitados en la materia.

El dirigente explicó que en México sólo seis o siete estados tienen una ley en materia inmobiliaria. La más reciente, publicada en la capital del país el 23 de agosto pasado, establece la creación del registro de profesionales inmobiliarios del Distrito Federal y obliga a los prestadores de esos servicios en la ciudad a inscribirse y acreditarse en el mismo.

Kuri descartó que se pueda expedir una ley inmobiliaria nacional, ya que cada estado vive realidades distintas. Sin embargo, destacó la necesidad de regular la actividad para ofrecer mayor certidumbre a los consumidores.

Explicó que cualquier agente inmobiliario debe verificar que, al momento de la transacción, la vivienda esté en punto de venta, es decir, que esté en condiciones de ser comercializada.

Detalló que los principales conflictos que se dan en la comercialización de un inmueble tienen que ver con cambios de uso de suelo, que haya sido puesto de aval en un contrato incumplido o que sea sujeto de embargo, entre otros.

Además, dijo, el agente debe orientar al cliente para fijar el precio del bien de acuerdo con el valor catastral, la zona en que se encuentra y el valor físico de la construcción, entre otros aspectos, lo que garantiza que no tenga una pérdida patrimonial al vender su casa por debajo del precio.

Señaló que el objetivo de la ley del Distrito Federal, cuyo reglamento aparecerá a finales de noviembre, no es sacar del mercado a quienes no están certificados, sino obligar a quienes se dedican a esa actividad a capacitarse y certificarse para ofrecer un mejor servicio.