El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó ayer una iniciativa de reforma a las leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Adquisiciones y de Obras Públicas para que los contratos de exploración, explotación y obras con compañías privadas ya no sean sujetos de licitación pública ni de la figura de invitación restringida, sino que sean avalados por comités internos de Pemex corporativo y sus subsidiarias.

La reforma, que fue defendida como urgente por el PAN, también suprime un punto que fue central en la propuesta de Felipe Calderón en 2009: los denominados bonos ciudadanos con los que la actual administración fundamentó la supuesta socialización de la riqueza petrolera.

Desde la tribuna, el diputado panista Juan Bueno Torio, ex director de Pemex Refinación, planteó flexibilizar la intervención de la iniciativa privada, porque México es un caso de excepción en que la inversión social privada no participa directamente.

Desequilibrios financieros

Según el también empresario del café en Veracruz, la industria petrolera nacional está debilitada, con severos problemas de eficiencia y seguridad, así como graves desequilibrios financieros.

En su exposición de motivos, el panista aseguró que el reto de la paraestatal no es sólo financiero, sino fundamentalmente operativo, tecnológico y de capacidad de ejecución, lo cual implica una mayor eficiencia en la gestión de las inversiones, en la operación y gestión corporativa.

Sostuvo que la industria petrolera nacional enfrenta una situación crítica, que amenaza su viabilidad y capacidad de hacer frente a los compromisos con la sociedad y la economía mexicana.

Desde su visión, la situación de Pemex es de tal gravedad que pone en riesgo las metas de crecimiento económico nacional, la capacidad del Estado para cumplir con rezagos y demandas sociales, así como la soberanía energética y la seguridad nacional, situación derivada, entre otros, de que la única fuente de recursos para la industria petrolera son públicos.

Con ese enfoque, el panista planteó suprimir la obligación de que las actividades sustantivas de carácter productivo reservadas para el Estado en los artículos tres y cuatro de la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en el ramo del petróleo, así como de la petroquímica distinta a la básica, estén sujetas al escrutinio de una licitación.

Es el caso de los artículos 51, 52, 53, 56 y 59, los cuales indican que cualquier contrato u obra que implique exploración o explotación de yacimientos debe estar sujeto a las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas.

Asimismo, Bueno Torio solicitó que se derogue el inciso c, de la fracción segunda del artículo noveno transitorio, que dispone la colocación de bonos ciudadanos por al menos 3 por ciento del total de deuda de corto y largo plazos reportado en sus últimos estados financieros consolidados.

Afirmó que la situación del sector energético nacional es resultado de problemas de rezago tecnológico, baja productividad e insuficiencia de recursos de inversión y que existe un consenso generalizado de que esta situación es insostenible.

Por lo anterior, sostuvo, se requieren urgentes decisiones de Estado, porque de no tomarlas con firmeza y oportunidad, puede implicar graves riesgos adicionales para la nación y el desarrollo del país.