Hay algo podrido en el proyecto del parque eólico que la transnacional Mareña Renovables pretende instalar en San Dionisio del Mar, Oaxaca, y en ello son corresponsables el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el fondo de pensiones holandés PPGM, advirtió Benjamin Cokelet, de la organización no gubernamental Proyecto en Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder, por sus siglas en inglés), al comentar la agresión que sufrió la caravana humanitaria que llevaba víveres a los indígenas ikjots que se oponen a la obra.

Por separado, Carlos Beas, dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona norte del Istmo (Ucizoni), de Tehuantepec, anunció que los días 17 y 18 realizarán protestas ante las oficinas del BID en la ciudad de México para exigirle que cancele el préstamo de 72 millones de dólares otorgado para el parque eólico, y visitarán las embajadas de Holanda y Dinamarca para denunciar que empresas de esos países están ligadas al megaproyecto, que afectará el hábitat y la cultura de pueblos huaves y zapotecas del Istmo.

Además, indicó, una comisión de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos viajará a Holanda la próxima semana para protestas por la participación de PPGM.

Beas señaló que este viernes se inicia una campaña internacional de solidaridad con los comuneros ikojts, además de medidas legales como la denuncia que presentaron los comuneros de San Dionisio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ya pidió información al gobierno mexicano a fin de solicitar protección para los indígenas.

Cokelet aseveró que la agresión a la caravana demuestra que los grupos caciquiles vinculados con la Confederación de Trabajadores de México (que también han amenazado a opositores a otros parques eólicos en la comunidad de Santa María Xadani, municipio de Guevea, en Juchitán y en Unión Hidalgo) están coludidos con Mareña Renovables y aparentemente con el ayuntamiento de San Dionisio, y buscan frenar a las organizaciones no gubernamentales y grupos locales que ofrecieron apoyo a los comuneros de San Dionisio.

Señaló que tanto el BID como PGGM dicen ser responsables en términos sociales y ambientales. Antes de financiar proyectos de este tipo, dijo, deberían consultar a las comunidades. Hemos investigado bastante. Ni el BID ni PGGM hicieron las diligencias necesarias. Esto está podrido desde el principio, porque si esos bancos hubieran hecho una consulta y una buena investigación desde el principio se habrían dado cuenta de todo lo que está apareciendo, afirmó.