tres años del asalto policial a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y de la posterior extinción de esa empresa pública vía decreto del titular del Ejecutivo federal, puede apreciarse el daño causado por esas medidas a los trabajadores de la compañía, a la propiedad pública, a la población y al país en su conjunto.

Por principio de cuentas, con la decisión de arrojar al desempleo a más de 44 mil trabajadores de la empresa pública, el gobierno federal originó un conflicto social, político y jurídico que dista de haber concluido; hace unos días, el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo emitió un fallo que ordena a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asumirse como patrón sustituto de los trabajadores de LFC, y da la razón, con ello, a una de las demandas principales del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Para los habitantes de la zona centro del país, la decisión ha implicado afectaciones severas no sólo por los constantes apagones registrados durante la transición de LFC a la CFE –y por las cuantiosas pérdidas económicas y el descontrol que éstos originaron–, sino también por los injustificables incrementos a las tarifas eléctricas por parte de la entidad hoy encabezada por Jaime González Aguadé.

Por otra parte, si en su momento se dijo que la extinción de LFC se debía a su inviabilidad financiera y operativa, tal afirmación se ve desacreditada, en el momento presente, por la enorme cantidad de recursos del erario destinados a concretar esa operación, incluidas inversiones y liquidaciones –más de 22 mil millones de pesos–, así como por el precio desmesurado que la CFE ha debido pagar a cientos de contratistas por servicios y obras que antes desempeñaban los trabajadores del SME, y por la enorme opacidad con que se ha manejado el remate de los bienes de la entidad destruida.

No menos falsa resultó la promesa de sustituir a LFC por una compañía eficiente, transparente y económicamente viable: la realidad es que la administración de la llamada empresa de clase mundial se ha caracterizado por la opacidad, la corrupción, el dispendio y el abuso que aquejan a todo el sector energético: baste citar, como botones de muestra, el escándalo que involucró al ex director de operaciones de la paraestatal Néstor Moreno, así como la revelación, a partir de un informe del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, de que la CFE cobra a los usuarios de la zona fronteriza de Baja California tarifas hasta 770 por ciento más altas que las que cobra por exportar energía eléctrica a Estados Unidos.

En el ámbito propiamente laboral y sindical, la extinción de LFC fue el punto culminante de una campaña de hostilidad e intromisión en la vida interna del SME por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ha corrido en forma paralela a la que inició el foxismo en contra del sindicato minero, y que desacredita el supuesto compromiso de la administración en turno con la autonomía de los gremios.

Por estas consideraciones, la extinción de LFC constituye, a 36 meses de ocurrida, una de las herencias nefastas que este gobierno deja a la próxima administración. Cabe esperar que ésta actúe con la altura de miras que le faltó a la actual, deponga la insensatez y la cerrazón con que se han venido desempeñando las autoridades del ramo y resuelva, de una vez por todas, un conflicto que, si se apela a las consideraciones estrictamente financieras y legales –por no hablar de las políticas y sociales–, ni siquiera debió ocurrir.