La tortura es una práctica generalizada y sistemática de las fuerzas de seguridad mexicanas, que durante el sexenio que está por concluir alcanzó niveles escandalosos, en buena medida a causa de la guerra contra el crimen organizado y por la impunidad total de que gozan quienes la cometen, advirtió Amnistía Internacional (AI) en su informe denominado Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y maltrato en México.

En el documento, la organización con sede en Londres subrayó que las denuncias de tortura y otros malos tratos en el país han aumentado considerablemente en los pasados cinco años, debido a la estrategia de seguridad pública del gobierno federal, que ha optado por hacerse de la vista gorda ante las violaciones generalizadas de los derechos humanos de la población.

Asimismo, AI aseveró que aunque Calderón ha insistido en que dichos abusos son excepcionales y siempre son investigados y castigados, los hechos dicen que los responsables de tortura y otros crímenes de lesa humanidad prácticamente nunca son llevados a juicio, lo cual sirve para animar a quienes los cometen a seguir haciéndolo.

El informe, de 48 páginas, señaló que es extremadamente difícil determinar la magnitud y extensión real de la tortura en México, debido a la falta de registro de las autoridades y de denuncia por parte de las víctimas.

Un ejemplo de ello es que de 2007 a 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró sólo 110 quejas por tortura, y 4 mil 731 por malos tratos, lo cual deja ver que las autoridades suelen reportar la tortura como si fuera otro delito menor.

La falta de registro preciso de este fenómeno es tal, indicó AI, que entre 2008 y 2011 la Procuraduría General de la República dijo tener 58 investigaciones preliminares por tortura y cuatro casos con acusaciones formales, mientras el Consejo de la Judicatura Federal registró 12 procesamientos y cinco sentencias condenatorias, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que no tenía noticias de ninguna sentencia.

Como ya ha consignado en otros informes, Amnistía Internacional afirmó que la impunidad de los casos de tortura es casi total y proviene desde la época de la llamada guerra sucia, y alertó que sectores vulnerables, como las mujeres o los migrantes indocumentados, siguen expuestos a altos niveles de violencia.

Además de la falta de capacidad o voluntad de las autoridades para investigar y frenar este delito, hay deficiencias en la legislación nacional que impiden avanzar en su erradicación, como el hecho de que la definición de la tortura en la legislación federal no se ajusta a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre la materia.

El análisis de AI enfatizó también que en buena parte de los casos de tortura están involucrados elementos de las fuerzas armadas, como en los expedientes de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, y los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel –que incluso ya ameritaron sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, o el del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana.

Por todo lo anterior, Amnistía Internacional formuló más de 40 recomendaciones al Estado mexicano, entre las que destacan armonizar su legislación interna sobre tortura con la de organismos internacionales, establecer una base de datos exacta sobre este fenómeno e investigar de manera exhaustiva a los funcionarios públicos involucrados.

De igual forma, llamó a las autoridades del país a garantizar la puesta en marcha de la reforma de 2008 al sistema penal; no validar las pruebas judiciales obtenidas bajo tortura; registrar de forma detallada todas las detenciones hechas por la policía o el Ejército, y sobre todo, restringir el fuero militar para que todos los abusos contra civiles cometidos por las fuerzas armadas sean analizados por la justicia civil ordinaria.

Durante la presentación del informe, Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional capítulo México, recalcó que el gobierno de Felipe Calderón no sólo no contribuyó a eliminar la tortura, sino que en el sexenio que está por concluir hubo un aumento escandaloso e inaceptable de esa práctica, causada por la guerra contra el crimen organizado.

El activista lamentó la falta de voluntad política del Estado para castigar a los responsables de este delito, que hoy se comete de forma generalizada y sistemática, y aunque manifestó sus reservas sobre el gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto, insistió en la necesidad de agotar todas las instancias judiciales internas antes de acudir al sistema interamericano de justicia.

Finalmente, la periodista Anabel Hernández enfatizó que la tortura es inaceptable en cualquier caso, pero cuando la comete o la tolera el Estado es un acto atroz, y recordó los casos de Brenda Quevedo, Javier Valles y Gerardo Ortega, cuyos agresores nunca fueron investigados ni sancionados.