El rechazo a la reforma laboral unió ayer a los representantes del sindicalismo independiente y a los del Congreso del Trabajo (CT) y luego de más de dos horas en que los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) expresaron sus argumentos en contra de esa legislación, el senador priísta Armando Neyra Chávez se sumó a los reclamos y pidió que se retire la minuta.

Neyra Chávez, integrante de la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), advirtió que esa reforma no fue consultada con los trabajadores y recriminó al presidente electo, Enrique Peña Nieto, haber escuchado a empresarios y políticos, pero no a los millones de obreros del país.

Se quejó de que los coordinadores parlamentarios en el Senado no estuvieran presentes en la reunión e insistió en que no es momento de discutir la modificación de la ley, debido al cambio de poderes. Tesorero del comité ejecutivo nacional de la CTM y dirigente de esa central en el estado de México, Neyra Chávez exigió al presidente Felipe Calderón que en lugar de insistir en esa reforma laboral, resuelva el problema del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de Mexicana de Aviación y posibilite el regreso de Napoleón Gómez Urrutia al país.

El país de los salarios cada vez más bajos

Durante la reunión con los integrantes de las comisiones que dictaminan la reforma laboral, los sindicatos de la UNT y otros gremios independientes advirtieron, en voz de Francisco Hernández Juárez, que de aprobar esa legislación neoliberal, México se convertirá en un país de salarios cada vez más bajos; empleos inestables y precarios, y se abrirán de par en par las puertas al sindicalismo patronal de protección.

Hernández Juárez recalcó que están en favor de la democracia sindical, de la transparencia y rendición de cuentas, pero no a costa de que se pase por encima de los trabajadores. Igual criterio expresaron Agustín Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM); del capitán Carlos Manuel Díaz, de la Asociación Sindical de Pilotos; de Ricardo del Valle Solares, de la Asociación de Sobrecargos, y de Héctor Barba, asesor jurídico de la UNT.

Todos expresaron que sus contratos colectivos, los estatutos y demás documentos sindicales son públicos y las elecciones de la dirigencia se realizan por voto secreto y universal.

Hernández Juárez insistió en que la propuesta de reforma laboral, con sus salarios por hora, contratos temporales y la nulidad del derecho de huelga, dejará a los trabajadores mexicanos más vulnerables que nunca, sujetos a la oferta y la demanda y cautivos de la dictadura del mercado.

En la que fue la quinta audiencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que dictamina la reforma, el dirigente del SME, Martín Esparza, confrontó al panista Javier Lozano, a quien le dijo cara a cara que fue el peor secretario del Trabajo en la historia del país.

A tres años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), decretada por el gobierno de Felipe Calderón y con la resolución favorable del Poder Judicial a la causa de los electricistas –que posibilita la restitución de su empleo–, Esparza dijo a Lozano que le hacía llegar un saludo de los 44 mil integrantes del SME y sus familias para que, a su vez, lo transmitiera a los demás integrantes del gabinete.

Recalcó que extinguieron LFC para acabar con el contrato colectivo del SME. Esparza mostró luego una copia del mismo y dirigiéndose de nueva a Lozano, recalcó: Ésta es la verdadera reforma laboral, aquí están las conquistas de 98 años de lucha, aquí sí hay estabilidad en el empleo, prestaciones sociales y derecho a la jubilación.

Lozano no se saltó el formato de la comparecencia, como lo hizo un día antes para responder a los señalamientos del líder de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe. Ayer se mantuvo callado las más de dos horas que duraron las intervenciones y al final tampoco aludió a las críticas de Esparza.

Lo que hizo fue tratar de refutar las afirmaciones de la mayoría de los dirigentes de telefonistas, pilotos, sobrecargos, mineros y del STUNAM, de que la reforma viola la Constitución y los convenios internacionales. Consideró con poco sustento el rechazo a la subcontratación, ya que, dijo, se trata de legalizar esa práctica porque ya se da.

Hernández Juárez respondió que ello equivaldría a plantear a Calderón que legalice los asesinatos, ya que a diario se dan cientos de crímenes.