uando, en los años 70, visité por primera vez España, todo el mundo hablaba de un país pobre, rural, subdesarrollado; se decía, entonces, situado en la periferia o más allá de la periferia de Europa. Después, en la década de los 80, con la transición y los gobiernos del PSOE, las cosas cambiaron aparentemente. España parecía haber encontrado el camino de Europa y, como se solía decir en las teorías sobre la transición, el de las formas para abandonar el atraso y la precariedad de muchos aspectos de su sociedad. Hoy con el hundimiento económico que coincide con la nueva llegada del Partido Popular al poder, el desempleo monster, la debacle del tejido social (urdido en décadas de luchas y sacrificios) y la seria posibilidad de que Cataluña (para empezar) y el País Vasco (¿en poco tiempo?) se enfilen por la vía de la consecución de sus propias soberanías (independientemente de si tienen éxito o no), los comentarios sobre la naturaleza de la sociedad española vuelven a sonar como una suerte de eco del espíritu que privaba en los años 70: no mucho habría cambiado en sus tejidos profundos y las mentalidades que alguna vez le impusieron su atraso y su desfase con Europa habrían prevalecido.

A mí en particular, desde los años 70, España me pareció –y me sigue pareciendo– un país altamente desarrollado; yo diría que demasiado desarrollado, sólo que en un estado de evidente decaimiento o descomposición. Con su burocracia añeja y compleja, sus instituciones barrocas y cansadamente laberínticas, su Iglesia hipermultiplicada, su sofisticado y misterioso sistema financiero y su cultura poblada de un número innumerable de lugares de la memoria… sólo una historia antigua, muy antigua, un desarrollo lejano podría dar cuenta de esa sociedad y sus yuxtaposiciones, retornos y heterogeneidad. Afirmar que lo que está en juego hoy es de alguna manera otra reafirmación de una historia ya antigua, podría parecer un simple y banal exceso de historicismo. Pero de alguna manera a España la queda o le sienta el pecado historicista, si por ello se entiende la hipertrofia de su propia historia.

En rigor, la descomposición del imperio español es un fenómeno que se prolongó durante más de dos siglos y que, aparentemente, sólo culminó hasta la última década del siglo XIX con la pérdida de Filipinas y Cuba, a manos de la hegemonía estadunidense. ¿Y acaso no cabría interpretar lo que acontece en la actualidad en Cataluña (de manera general) y en el País Vasco (en cierta manera) como suerte de coda o corolario de esa larguísima y gradual fragmentación? ¿El desgajamiento de un edificio que en realidad se había ido deshabitando en el horizonte de lo que fue su historia más propia e íntima? La primera respuesta a la mano sería un simple: no. Vascos y catalanes habrían formado parte desde el siglo XIX de un Estado-nación que hoy amenaza o hace guiños de amenazas con su paulatina y gradual desintegración o recomposición (como se quiera). La pregunta es si España fue realmente en algún momento de su historia efectivamente un Estado-nación.

En el siglo XX, el único momento en el que se sustentó esta hipótesis sin ambages y ambigüedades fue ese proceso violentísimo que desembocó hacia finales de los años 30, en la entronización del franquismo. A la primera oportunidad que la sociedad española tuvo de desembarazarse de la herencia del Caudillo, lo primero que hizo fue buscar su equilibrio e identidad en un régimen que situaba en una completa ambigüedad el Estado-nación: el régimen de las autonomías. Lo que siguió, después de los años 80, fue un desacuerdo constitutivo entre el posfranquismo –encabezado siempre por el PP–, una nueva sociedad política nacida precisamente en esa ambigüedad y un cúmulo de fuerzas que se multiplicaban en la profundidad de las regiones para las que España no significaba más que una suerte de superestructura (para hablar en un idioma antiguo) en vías de desenraizarse.

Todo el debate sobre la posible independencia de Cataluña ha transcurrido en la esfera pública española a lo largo de la discusión de qué tanto conviene o no conviene a los catalanes formar su propia entidad. Pero no hay en la actualidad, probablemente, nada más lejos del alma de los catalanes que la lógica de la utilidad o la razón instrumental. Lo que hay en esas almas es un cúmulo de agravios, heridas y trazas de lo que hoy representa la balanza central de la relación entre la responsabilidad y el futuro, que no es otra cosa más que la relación entre la justicia y la memoria. ¿Qué es realmente la justicia, sino una peculiar manera de conceder un ordenamiento específico a la historia?

Franco falló en la constitución de un Estado-nación. Esta afirmación es un simple axioma. Lo que sí produjo el franquismo fue un cúmulo de heridas que probablemente sean ya irreparables. La democracia de los años 80 simplemente evadió o desplazó el problema, pero nunca lo adoptó como desafío. (Tendría que haber procedido a erradicar efectivamente al antiguo régimen). Y el Partido Popular lo atrofió.

¿Cómo explicarse, por ejemplo, que en pleno siglo XXI, en un régimen que se ufana como sello de origen de su carácter democrático, que una mayoría parlamentaria ponga a una sociedad (la catalana) entera en la ilegalidad completa al desautorizar como anticonstitucional cualquier intento de referéndum para sufragar si se queda o no en España? No es historicismo; es simplemente paranoia.