a Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) celebró, el 4 de octubre, su decimonoveno aniversario, en presencia de organizaciones de la sociedad civil, académicas y académicos, funcionarios y funcionarias, miembros del cuerpo diplomático, legisladores, consejeros y consejeras, ex consejeros y uno de sus anteriores presidentes.
El acto tuvo como oradores al periodista Javier Solórzano; Darío Ramírez, director de la organización en defensa del derecho a la libertad de expresión Artículo XIX; Elisa Alanís, periodista y promotora de las perspectivas de género y no discriminación; José Antonio Caballero, consejero de la CDHDF, y a Luis González Placencia, su actual presidente, quien destacó la importancia de vincular el trabajo del ombudsman con los medios de comunicación, para fortalecer el impacto social de las recomendaciones, valorar la diversidad, y difundir una cultura de respeto a las garantías individuales. Todo esto, con el propósito de que la ciudadanía sea ejercida a plenitud, a través del ejercicio de sus derechos, pero también como instancia crítica frente a los contenidos que difunden los medios, pues frecuentemente reproducen la desigualdad y diseminan la discriminación.
El acto resultó interesante, porque subrayó también el carácter autónomo de la comisión, lo cual no es asunto menor. En efecto, debemos recordar que, de acuerdo con los principios de París, un instrumento de 1991 que establece los estándares internacionales relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, un órgano nacional de este tipo, para el buen desempeño de sus funciones debe disponer de una infraestructura apropiada, con el fin de poder lograr su autonomía respecto del Estado.
No se trata sólo de infraestructuras, pues lamentablemente sabemos que su autonomía respecto del Poder Ejecutivo no caracteriza a la gran mayoría de las comisiones de derechos humanos en el país; sin embargo, es reconfortante poder afirmar que en el caso de la CDHDF el mandato de protección de las garantías humanas está por encima de cualquier otra cosa. Al final, esa es su función, y son varios los casos relevantes en los que ha intervenido en favor de las personas que viven y transitan por la ciudad.
Entre ellos podemos señalar los siguientes. Los lamentables hechos de la discoteca News Divine, en los que perdieron la vida 12 jóvenes, a consecuencia de un operativo policiaco mal implementado. El caso de Casitas del Sur, en el que se documentó la desaparición de niños y niñas de albergues en el Distrito Federal. El de la Supervía, en el que se denunció que el gobierno violó la normatividad vigente, con el fin de otorgar los permisos necesarios para la construcción de esa obra rápida de costo para la ciudad. La recomendación emitida con motivo del arraigo, en la que por primera vez se hace en un organismo de este tipo un pronunciamiento en contra de esta nefasta práctica, señalada como violatoria de derechos humanos, porque se priva de la libertad a una persona, mientras se lleva a cabo una investigación.
Asimismo, las constantes denuncias en contra de la situación de los reclusorios en la ciudad de México. La primera recomendación en materia laboral, con ocasión de la reforma constitucional en derechos humanos, en la que se reprueba la falta de pago de laudos a trabajadores que han ganado juicios. Su firme posición en favor de la presunción de inocencia, y en contra de la exhibición en medios de personas detenidas o su ejemplar posicionamiento en el complejo caso de la Universidad de la Ciudad de México. Todos estos casos requieren una investigación profunda y un posicionamiento claro que, afortunadamente, han sido realizados por la CDHDF, pese a que en muchas ocasiones son temas que no gustan a las autoridades. Pero qué bueno, pues para eso están las comisiones en la materia, para investigar las violaciones, señalarlas, y no para quedar bien con ellas.
Sin embargo, las recomendaciones no son las únicas actividades que realiza la CDHDF. También existe una actuación profesional de política pública, de propuesta legislativa, de investigación y de educación en su materia. A ellas habría que añadir actividades de litigio estratégico, acción igualmente innovadora en este tipo de instituciones, que ha mostrado resultados positivos, como ha sido el caso de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, quien fue detenido por un grupo armado de policías de la Agencia Federal de Investigación y elementos judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el 14 de marzo de 2002 y llevado a las instalaciones de la antigua Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.
En ese lugar permaneció sin registro junto con otras personas, sometido a interrogatorios y tortura. Desde aquel día nadie volvió a verlo. La CDHDF, junto con organizaciones de la sociedad civil, impulsó el litigio del caso y el resultado fue que el Estado mexicano reconoció su responsabilidad, y a través de la Procuradora General de la República ofreció disculpas públicas a la familia por su desaparición, cuestión sin precedente en el ámbito de los organismos públicos de derechos humanos. Todavía queda, sin embargo, un largo trecho por recorrer, y muchos aspectos en los debe mejorarse la actuación de la CDHDF; no obstante, podemos afirmar que a los 19 años de su creación va por buen camino.
