El gobierno de Nicaragua no ha solicitado por conductos diplomáticos, como se hace en indagatorias que involucran a varias naciones, que autoridades mexicanas colaboren con ellos en la investigación de los 18 connacionales detenidos en esa nación centroamericana, y la situación de las seis camionetas en que se trasladaban, que fueron dadas de alta como propiedad de Televisa y dentro de la cuales ocultaban 9.2 millones de dólares.

Funcionarios de la cancillería mexicana y de las procuradurías General de la República (PGR) y del Distrito Federal confirmaron que la única indagatoria que se realiza en territorio nacional es a petición de la televisora sobre la identificación de los registros de las camionetas y uso ilícito de la marca.

No obstante que su sistema de justicia requiere que toda investigación se realice con apego a las formalidades diplomáticas, Nicaragua no ha solicitado a México, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores, ninguna indagatoria para establecer la verdadera identidad de los detenidos, los empleos que tenían en territorio nacional y si eran colaboradores de Televisa.

El sistema de justicia oral de Nicaragua obliga a sus fiscales a dar acceso casi inmediato a toda diligencia que realicen, por lo cual no pueden llevar a cabo actuaciones como la revisión de los teléfonos que llevaban los detenidos y la vinculación –mediante llamadas directas– a números de México, ya que esa parte corresponde realizarla al país de origen de los presuntos delincuentes y posteriormente debe enviar los resultados de sus indagatorias, gestiones o intervenciones telefónicas, como documentos con carácter probatorio con alcances diplomáticos, indicaron las autoridades mexicanas que fueron consultadas sobre el tema.

Los 18 mexicanos fueron detenidos en agosto pasado y hasta que no se inicie el juicio formalmente en que el juez de la causa tenga que desahogar todas las evidencias y probanzas, se queda asentado que, por ejemplo, algunos de ellos trabajaban para Televisa, para ello será necesario no que la televisora pruebe que no existe una relación laboral, sino que las autoridades deben solicitar por vía diplomática la asistencia jurídica para que la Secretaría de Hacienda revise los registros del pago de impuestos y se pueda determinar para qué empresas prestaron sus servicios.

De acuerdo con la información que ha dado a conocer la jefa de la Policía de Nicaragua, Aminta Granera, y que han surgido en las primeras diligencias del encauzamiento a proceso, se debe establecer cuántos de los mexicanos detenidos tenían alguna vinculación laboral con Televisa, el origen y recorridos de los vehículos y la presunta relación del grupo con bandas criminales dedicadas al tráfico de cocaína de Centroamérica hacia México.

Los detenidos quedaron sujetos a proceso, pero las diligencias se desahogarán hasta diciembre próximo.