Durante el aniversario 520 de la llegada de los europeos a América, diversas organizaciones populares denunciaron que los pueblos indígenas del país y otros sectores en resistencia siguen padeciendo ataques del Estado mexicano, como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y encarcelamiento por motivos políticos.

En conferencia de prensa, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), el Colectivo Interdisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otros grupos hicieron un recuento de las agresiones recientes que han sufrido, y advirtieron que para el gobierno de Enrique Peña Nieto se avizora una intensificación de la estrategia represiva.

Uno de los focos rojos en el país, indicaron, es Michoacán, donde a partir de la instalación del gobierno de Fausto Vallejo ha habido un repunte de actos de hostigamiento contra estudiantes, campesinos y otros sectores que cuestionan al mandatario, sobre todo en las comunidades de Matugeo, Santa Clara del Cobre, Santa Fe de la Laguna y Las Mesas, donde soldados han incursionado en busca de dirigentes comunitarios del FNLS.

Otro punto sensible, enfatizaron, es el municipio chiapaneco de Altamirano, donde el gobierno estatal ha emprendido una campaña de represión contra la Unión de Transportistas El Quetzalito, mediante la detención de varios de sus integrantes con cualquier pretexto, entre ellos Blanca Albores, Dulce María González y Julio César Morales.

De igual manera, en el municipio de Venustiano Carranza se han reactivado los actos paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), encabezados por Jesús Alejo Orantes Ruiz, quienes el pasado 25 de septiembre irrumpieron en una asamblea comunitaria y trataron de asesinar a varios dirigentes sociales.

Un caso más de represión contra organizaciones populares, añadieron, es el del intento de asesinato cometido por Rodolfo Hernández Gómez contra los estudiantes José Luis Ramírez y Mayra Valenzuela Rosas, en las inmediaciones de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.

En tanto, la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos alertó que la contratación del policía colombiano Óscar Naranjo como asesor de seguridad del presidente electo, Enrique Peña Nieto, es señal de que el próximo titular del Poder Ejecutivo aplicará la misma estrategia represiva que se ha puesto en marcha desde hace varios años en ese país sudamericano.

Por todo ello, las organizaciones populares advirtieron que durante el próximo sexenio consideraron muy probable que Peña Nieto hostigue y violente a los movimientos sociales, como ha venido ocurriendo en los actuales gobiernos estatales priístas.