Las investigaciones del gobierno de Chihuahua sobre el asesinato de la activista Marisela Escobedo tienen diversas irregularidades y contradicciones, y en vez de aclararlas, las autoridades estatales han preferido atacar a las organizaciones sociales que las han cuestionado, lamentó la abogada Lucha Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM).

Según explicó a este diario, uno de los aspectos más endebles de la indagatoria es que la fiscalía chihuahuense aseguró en diciembre del año pasado que el autor material del feminicidio era Héctor Miguel Flores Morán, El Payaso –supuesto integrante de la banda La Muñeca–, y aseguró que tenía evidencias científicas de que ese hombre había accionado el arma asesina.

Sin embargo, el lunes pasado las autoridades estatales afirmaron que el autor del crimen es en realidad José Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, de la banda criminal La Línea, argumentando también que tiene pruebas de balística que lo incriminan.

Cuando el CDHM solicitó que transparentaran el proceso judicial, empezaron a ver que hay inconsistencias, pero en lugar de asumir una actitud de entendimiento, el gobierno de Chihuahua lanzó una campaña brutal contra nuestra organización, denunció Castro. El gobernador César Duarte –recordó– afirmó que el CDHM lucra con el tema, mientras el fiscal Carlos Manuel Salas la acusó de defender a asesinos y de manipular a los familiares de Marisela Escobedo.

Hay una descalificación terrible hacia mi persona, pero al margen de lo que piense un policía de mí, cuando el gobierno nos descalifica nos está poniendo en grave riesgo; por eso exigimos que nos ofrezcan una disculpa pública y deje de atacarnos, subrayó.

Garantías de seguridad

Por todo lo anterior, la activista decidió interponer una queja contra Duarte ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –ante la inacción y falta de independencia de la comisión estatal–, misma que ya fue aceptada el viernes anterior.

Má allá de las consideraciones personales del gobernador sobre si soy defensora de derechos humanos, tienen que darnos garantías de seguridad.

María de la Luz Estrada, integrante del Observatorio Nacional Ciudadano sobre el Feminicidio, coincidió en que las descalificaciones del gobernador ponen en riesgo la integridad de Castro y el resto de los miembros del CDHM, y exigió que las autoridades sean claras en sus indagatorias, en vez de recurrir a chivos expiatorios.