os días después de que la canciller alemana, Angela Merkel, fue repudiada en Atenas por miles de manifestantes debido a su vergonzoso papel en la imposición de drásticas medidas de austeridad sobre el pueblo griego, Enrique Peña Nieto acudió a Berlín para ofrecer a ella y al capital financiero europeo nuevas oportunidades para saquear nuestro país. Del mismo modo en que el presidente electo mexicano inició su gira en América Latina visitando a los más destacados representantes de la derecha continental, Álvaro Uribe y Otto Pérez Molina, ahora en Europa se reunió primero con Merkel y, hoy lunes, se encuentra con el presidente español Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular.

Cuando Peña Nieto viajó al sur del continente fungió como vil representante del aparato de seguridad estadunidense al ratificar su compromiso con la guerra contra las drogas y sugerir la importación del Plan Colombia a México. Hoy, el presidente-electo actúa como vendedor de oficio al ofrecer a precio de remate nuestro tan preciado oro negro y presumir los beneficios de la reforma laboral que abarataría la fuerza de trabajo de millones de mexicanos.

En Alemania, el político de Atlacomulco abogó por dejar de aferrarnos a paradigmas de carácter ideológico o a resistencias apegadas a este principio. Hace unos días, el presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, convocó a construir un nuevo país, a dar un gran salto hacia el futuro, a superar las viejas ataduras que nos han impedido desarrollarnos conforme a las energías humanas y materiales que poseemos.

Quien los oyera juraría que los nuevos gobernantes emulan a Mao Tse-Tung con su gran salto hacia adelante y su revolución cultural. Con el acompañamiento de Televisa, Tv Azteca, la Iniciativa México y sus intelectuales orgánicos, los priístas buscan borrar de un plumazo toda la historia nacional e imponer desde las cúpulas del poder tanto un nuevo modelo económico como una nueva ideología de Estado. Pero en lugar de los principios de igualdad y justicia defendidos en su momento por el revolucionario chino, la versión mexicana busca una sociedad supuestamente clasemediera centrada en el individualismo, el consumismo, el conservadurismo y el entreguismo a los poderes fácticos nacionales e internacionales.

Ahora bien, es falsa la idea de que Pemex es una empresa de la prehistoria que se encuentra aislada del mercado. La paraestatal ya depende de una infinidad de contratistas y subcontratistas privadas para operar. Recordemos, por ejemplo, las múltiples empresas de la familia Mouriño en la materia. Pemex también participa activamente en los mercados internacionales por medio de la compra y venta tanto de petróleo y sus derivados como de tecnología, maquinaria y hasta hoteles.

No hace falta entonces expandir aún más la intromisión de criterios de acumulación privada en la industria petrolera nacional o de generar más incentivos para empresas como Shell, Exxon-Mobil o Halliburton. Al contrario, el principal reto sería aumentar la productividad y la eficiencia de la paraestatal para que la riqueza nacional sirva mejor a los mexicanos. Por ejemplo, habría que implementar una reforma fiscal que permita a la misma empresa invertir más en exploración y refinación. También se debe transparentar el sindicato y las contrataciones para reducir la enorme corrupción y complicidad que afectan las operaciones de la empresa.

En el contexto de inestabilidad política en Medio Oriente y a raíz de la relección de Hugo Chávez en Venezuela, a Washington le urge que Pemex aumente inmediatamente sus niveles de extracción de crudo. Los expertos estadunidenses una y otra vez señalan con gran preocupación que México hoy solamente extrae 2.5 millones de barriles al día, cuando en 2004 extraía 3.4 millones.

Pero la prioridad para los mexicanos no debería ser regalar la mayor cantidad posible de crudo a los estadunidenses en el menor tiempo posible, sino asegurar la sustentabilidad y la utilidad del petróleo a largo plazo. Por ejemplo, habría que etiquetar desde ahora toda la renta de los enormes nuevos yacimientos de Trion-1 y Supremus-1, descubiertos por cierto por un Pemex público y nacional, para nuevas inversiones petroleras, así como para programas sociales, educativos y de salud para los más pobres.

Con una buena administración de la riqueza nacional podríamos acabar de una vez por todas con la pobreza en México. Pero para lograrlo habría que rechazar cualquier intento de privatizar la industria petrolera y entregarla a intereses ajenos.

El equipo de Peña Nieto insiste en que no buscará reformar la Constitución, sino únicamente cambiar la ley para romper el monopolio de Pemex en las áreas de refinación y exploración. Sin embargo, resulta que es precisamente la Constitución, en sus artículos 27 y 28, la que impone el control inalienable e imprescriptible del Estado sobre estas actividades estratégicas y prohíbe cualquier concesión en la materia.

La única forma en que el PRIAN podrá cumplir con sus patrocinadores sería por medio de una reforma a la Carta Magna, algo que se antoja muy difícil dada que la abrumadora mayoría de la sociedad con toda razón se mantiene orgullosa de los logros de la Revolución Mexicana y rechaza el gran salto al vacío neoliberal propuesto por Peña Nieto.

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