A nueve meses de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó que elementos a su cargo participaron en la desaparición de los primos Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, ocurrida el 29 de diciembre de 2009, el expediente está sin avances en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad Juárez, Chihuahua, informó Emilia González, miembro fundador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos.

Dos de los primos fueron levantados en un retén militar y el tercero en su casa, frente a su familia en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, al noroeste de Chihuahua. Los tres desaparecidos eran empleados de empresas maquiladoras en Juárez, y fueron desaparecidos el mismo día que llegaron a visitar a sus parientes por las fiestas de fin de año.

Elementos inculpatorios contra jefe del Ejército

La integrante de la ONG agregó que en el caso existen elementos para probar la culpabilidad del jefe militar Elfego Luján, quien se encuentra detenido por otras causas, y a quien no le han fincado responsabilidades por estos casos de desaparición forzada.

Añadió que los 14 tomos del expediente se encuentran en Ciudad Juárez desde febrero pasado y en ellos se acusa a Elfego Luján de participar en ejecuciones extrajudiciales; no obstante, el Ministerio Público Federal no ha consignado el caso ante un juez de distrito, para que se gire orden de aprehensión al militar.

La familia de los desaparecidos ignora el paradero de las dos mujeres y el varón, quienes no han sido presentados ante autoridad alguna. Dos meses después de su desaparición, una de ellas logró hablar por teléfono a sus parientes y dijo que estaba detenida en un campo militar, pero alguien le arrebató el aparato.

Días después del levantón, familiares acudieron a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua en Nuevo Casas Grandes, en cuyo patio se encontraba la camioneta en que los tres primos viajaban cuando fueron secuestrados.

Tres funcionarios de la actualmente denominada Fiscalía General del Estado de Chihuahua, quienes están identificados como Aarón Enríquez, Horacio Flores y otro de apellido Leyva, dijeron a familiares de las víctimas que éstas fueron detenidas por militares en un operativo dirigido por Elfego Luján.

El 26 de mayo de 2010, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos resolvió que el Estado adopte, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para determinar lo antes posible el paradero de Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, así como para proteger su libertad y su integridad personales, así como su vida.

En este caso, la Sedena aceptó responsabilidad y que se juzgara a los implicados fuera de la Procuraduría Militar, por lo que entregó el expediente de 14 tomos a la Procuraduría General de la República en Ciudad Juárez.

Hasta hoy no existen avances en la indagatoria, y los desaparecidos no se han encontrado vivos ni muertos.

En tanto, la ONG Hasta Encontrarlos exhortó ayer en Morelia, Michoacán, a autoridades federales y estatales a realizar un esfuerzo mayor, ya que más de 230 personas –140 de 2006 a la fecha, durante el sexenio de Felipe Calderón–, entre dirigentes sociales, periodistas y líderes indígenas, están en calidad de desaparecidas en la entidad y todo indica que las investigaciones cesaron, o que no hay interés de las autoridades por esclarecer los hechos, como el caso de Francisco Paredes, luchador social que desapareció hace cinco años.